El Campamento Dignidad, en concreto un Licenciado en Derecho en paro, Víctor Bastos, gestiona cada vez más casos de personas que tiene que hacer frente a próximos desahucios o ejecuciones hipotecarias. Por su experiencia y el trato con estas personas, Bastos concluye que se están multiplicando los casos --actualmente tramita unos diez-- y que la situación es "de desamparo por la pasividad de las administraciones; porque soluciones hay, pero no las quieren poner en marcha", afirma.
Bastos ha montado su despacho en el espacio de la catedral Vieja en el que están encerrados algunos desempleados como él. Desde allí, asesora y negocia con bancos la reestructuración de hipotecas, en unos casos, la dación en pago, en algún otro y, sobre todo, informa a los afectados de los pasos a seguir.
Señala que hasta él llegan "perfiles de todo tipo, desde familias, a parejas" y, en todos los casos, son personas "que no pueden, no que no quieren, seguir pagando su hipoteca o su alquiler". Sobre todo, le llegan casos de personas que viven en régimen de alquiler.
En el mes que lleva funcionando el Campamento Dignidad, Bastos ha podido comprobar que las situaciones próximas al desahucio se han multiplicado. "Una mañana, llegaron cuatro personas a informarse, otra, cinco personas y ya vienen no solo de Plasencia, sino también de pueblos como Malpartida de Plasencia y Jaraíz de la Vera.
El nexo común es que no tienen recursos económicos para seguir pagando las viviendas en las que residen. Además, muchos de ellos han recurrido antes a la administración municipal y a la Junta de Extremadura, a través de los servicios sociales de ambas. Pero Bastos subraya que la sensación generalizada es de "desamparo, pero también de impotencia y rabia porque por parte de la administración pública hay una pasividad absoluta. No quieren saber nada de estos casos. Hasta repudian la situación; hacen oídos sordos y son personas que pueden quedarse literalmente en la calle y algunas tienen hijos menores".
Considera que existen soluciones: "Se planteó crear una sociedad pública de alquiler. ¿Por qué no lo aceleran? Hay muchas viviendas vacías que podrían utilizarse por estas personas a cambio de un alquiler social, pero se niegan". Bastos asegura que existen casi 2.000 viviendas vacías en la ciudad, "unas públicas, otras en manos de empresas y bancos y otras de particulares. Podrían gravar con un impuesto a quien tuviera su vivienda vacía o promover alquileres a precios simbólicos en segundas viviendas a cambio de exenciones en el IBI u otros impuestos; se pueden hacer muchas cosas, pero ni siquiera se molestan en escucharnos y planteárselo; dicen que no directamente mientras se va acumulando la gente.
