El Jurado Provincial de Expropiación ha fijado en 9.058.080 euros la cantidad que tendrá que pagar el ayuntamiento placentino a los propietarios de las huertas de la Isla por la expropiación forzosa que está obligado a realizar tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) de 2001.

Cada metro cuadrado de los terrenos ha sido tasado a 240 euros, según han informado desde el jurado provincial, una cifra que se ha acercado a la que el consistorio les puso sobre la mesa, 234,68 euros, pero que queda muy lejos de la que presentaron los propietarios: más de 1.400 euros por cada metro cuadrado.

Por tanto, el ayuntamiento tendrá que abonar 240 euros por cada uno de los 37.742 metros cuadrados que conforman las huertas. Sin embargo, no será lo único por lo que tendrá que pagar, puesto que a esto se le sumará un 5% del premio de afección junto a los intereses legales que corren desde que se ejecutó la sentencia del TSJEx, el 20 de mayo del 2004, y que tendrán que acordar las partes. Unos intereses que no son los mismos para unos y otros, puesto que en numerosas ocasiones el consistorio ha asegurado que eran de 1.050 euros diarios mientras que llegaban hasta los 4.000 euros, en la valoración de los dueños.

UN CUARTO DEL PRESUPUESTO Así pues, y atendiendo a la tasación efectuada por el citado jurado--que se fija aplicando el precio del mercado de las últimas edificaciones colindantes--, de las arcas municipales se destinará un buen pellizco del presupuesto de este año para pagar esta expropiación forzosa.

Pero a pesar de que se destinará un 25% del presupuesto, desde el ayuntamiento han recibido esta sentencia de forma satisfactoria "porque es un problema urbanístico que por fin se resuelve". Lo dijo ayer la alcaldesa a la par de calificarla de "buena noticia, porque el tribunal nos ha dado la razón y las huertas no valen lo que decían sus propietarios", señaló en el pleno ordinario. Por su parte, el portavoz y edil de Hacienda, Francisco Barbancho, se mostró contento porque, según expresó, "nos hemos ahorrado más de 40 millones de euros". Precisamente él adelantó el pasado mes de enero que esperaban que no le costasen más de doce millones, por lo que sus deseos se han cumplido.

Aunque tanto el ayuntamiento como los dueños de los terrenos podrán recurrir a esta sentencia, podríamos estar ahora en el fin de un conflicto que dura ya más de 24 años y que ha pasado por todas las corporaciones municipales. Un conflicto que, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que obligaba a la expropiación forzosa, se ha tenido que resolver acudiendo al jurado provincial.