El constructor placentino implicado en el denominado 'caso Plasencia', José Antonio Romero Vega, ha negado hoy la existencia de trato de favor hacia por parte de los Ejecutivos que presidió la exalcaldesa de Plasencia Elia María Blanco y ha destacado que la facturación por capítulos era algo habitual.

Romero Vega, para el que la Fiscalía ha pedido tres años y seis meses de cárcel, 25 años de inhabilitación y multa de 470.000 euros como supuesto autor de los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, ha declarado hoy en la segunda jornada del juicio iniciado ayer en el Juzgado de lo Penal de la capital del Jerte.

Además de Romero, se sientan en el banquillo la exalcaldesa placentina y actual edil del PSOE, Elia María Blanco, los concejales Francisco Barbancho (PSOE) y Mónica García (Prex-Crex), y los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo.

En contestación a las preguntas formuladas por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y los abogados defensores, el constructor ha puesto de manifiesto que no sólo no tenía buena relación con el resto de acusados sino que ésta era "muy mala", sobre todo tras su decisión en 2003 de abandonar el PSOE y participar en la fundación de la Plataforma Socialista.

En relación a las siete obras que forman parte del proceso judicial, Romero Vega ha puesto de manifiesto que no intervenía en el proceso de adjudicación y que siempre daba por hecho que los responsables políticos que le encargaban las obras "lo hacían ajustándose a la legislación".

Ante la pregunta de la existencia de distintas facturas relativas a una misma obra, el constructor ha afirmado que si a él le decían "que sacara la obra por capítulos" lo hacía.

"Yo siempre he facturado de la misma manera y nunca me han tirado para atrás una factura en el Ayuntamiento de Plasencia", ha aseverado antes de añadir el hubiera hecho preguntas sobre la forma de facturar "seguramente no hubiera hecho ninguna obra".

Por último, ha manifestado que "jamás" ha girado una factura relativa a obras que no se hayan ejecutado y que tampoco ha facturado por encima del precio en ninguna ocasión.

Terminados los interrogatorios a los siete acusados, el juicio ha continuado con el testimonio de los testigos incluidos en la causa, siendo el más relevante el del interventor municipal Roberto del Olmo.

En su declaración, Del Olmo ha dejado claro que las observaciones que incluía en sus informes, en los que alertaba de que se podía estar vulnerando la ley al tramitar como contrato menor obras que deberían salir a licitación pública, "eran accesibles para todos" los responsables del proceso administrativo de contratación de obras.

"Mi labor como interventor se acaba ahí, pero no obstante comuniqué de palabra tanto a la exalcaldesa como a varios de los ediles -acusados- que yo entendía que se podría estar dando irregularidades en la tramitación de las obras, pero no se tuvieron en cuenta mis advertencias".

A su juicio, antes sus observaciones, los responsables municipales "deberían, al menos, haberse asesorado de si la posible irregularidad se estaba cometiendo o no", algo que no hicieron, según su testimonio.