Entre 12 y 18 millones de euros, hasta el doble que lo abonado por las huertas de La Isla, se librará el ayuntamiento de pagar a unos propietarios particulares de terreno gracias a un convenio urbanístico que firmaron ayer la alcaldesa y los dueños del solar y que se hará efectivo una vez que el nuevo PGOU se apruebe definitivamente.
La cantidad la desveló ayer la concejala de Urbanismo, Victoria Domínguez, al tiempo que explicó que los propietarios iniciaron hace un año un procedimiento judicial contra el ayuntamiento para que se les reconocieran sus derechos en cuanto al desarrollo del solar --ubicado en el Palomar, entre Sor Valentina Mirón y la carretera de Salamanca-- y que gracias a este convenio, se ha parado el procedimiento judicial. "De haber seguido adelante, podría haber supuesto un montante económico para el ayuntamiento de entre 2.000 y 3.000 millones de pesetas porque cualquier juez le va a dar la razón a sus propietarios", subrayó la concejala.
Esto habría sido así porque, según indicaron tanto Domínguez como la alcaldesa, los dueños, una familia placentina, tenían unos derechos urbanísticos que no les reconocieron ni el plan de ordenación urbana de 1984 ni el de 1995 porque se permitió a otros propietarios construir en la zona "sin que estuvieran las urbanizaciones hechas", según matizó la alcaldesa, hasta dejar "una bolsa de suelo en medio que ahora son canchales y cactus", según la concejala.
Son 12.269 metros cuadrados de terreno donde estos particulares ya podrán construir en virtud de la edificabilidad concedida por el ayuntamiento en un convenio que fija al detalle los viales, las zonas verdes y demás urbanización, aunque Blanco explicó que "cuando quieran desarrollar ese suelo tendrán que presentar la correspondiente propuesta al ayuntamiento".
La alcaldesa señaló que lo importante es que este convenio "le ahorra problemas al ayuntamiento porque lo importante no es el precio sino que la planificación urbanística se haga de forma coherente". Para Domínguez, de no haberlo firmado "podía haberle estallado al ayuntamiento en forma de dinero que habría habido que pagar en compensaciones económicas".
La concejala dijo llevar negociando tres años el acuerdo, incluido en la revisión del plan que irá a pleno, por lo que su firma "supone que la revisión del PGOU va para adelante".
