El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha condenado a la exalcaldesa socialista de la localidad, Elia María Blanco, a la pena de cuatro años y tres meses de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara.
Blanco ya fue condenada en 2014 por un delito de fraude continuado en operaciones de adjudicación de obras y pasó quince meses en la prisión de Brieva (Ávila).
La vista, que se ha celebrado este jueves, ha durado apenas cuatro minutos al haber alcanzado un acuerdo previo la Fiscalía y la defensa de Blanco, que ha sido ratificado por las partes y por el Juez.
Según el mismo, Blanco se ha reconocido culpable de un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenada a cuatro años y tres meses de inhabilitación con el atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, debido al retraso en el procedimiento y al largo tiempo transcurrido desde los hechos.
Antes del acuerdo, la Fiscalía había solicitado para la exregidora la pena de 2 años y 9 meses de prisión y 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación urbanística relacionado con las viviendas ilegales de la sierra de Santa Bárbara, en el término municipal placentino.
La exalcaldesa ha declinado hacer declaraciones tanto a la entrada como a la salida de la vista.
Este procedimiento judicial contra Elia Blanco se deriva del caso Santa Bárbara, que hace referencia a la existencia de construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y la no ejecución de procedimientos de demolición de obras en suelos no urbanizables por parte de varios responsables municipales.
En mayo de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) denegó la solicitud de apertura de juicio oral formulada por las acusaciones contra los exediles de Plasencia Mónica García, María Victoria Domínguez y Francisco Barbancho, y la exalcaldesa Elia María Blanco.
De igual forma, acordó devolver el procedimiento al Juzgado de Instrucción de Plasencia por si los hechos fueran constitutivos de un delito de "prevaricación administrativa omisiva" en lo que se refiere a la exalcaldesa u otras posibles personas.
Así, durante los meses siguientes, el Juzgado de Instrucción desarrolló la instrucción con la exalcaldesa como única investigada.
Por su parte, el Ayuntamiento de Plasencia adoptó, en diciembre de 2018, la decisión de no continuar personado como acusación particular.
En declaraciones a los periodistas, Pizarro señaló que la decisión se adoptó tras recibir un informe del gabinete jurídico municipal "en el que se hacía constar que no había pruebas incriminatorias suficientes para que el Consistorio continuará como acusación particular"
