Elia Blanco afronta su segundo juicio, por las casas de la sierra

Cinco años y medio después de afrontar su primer juicio por delitos de fraude y prevaricación administrativa, la exalcaldesa Elia Blanco volverá a la sala de vistas del juzgado de lo Penal como única acusada por un delito continuado de prevaricación urbanística y, subsidiariamente, uno continuado de prevaricación por las casas no derribadas en Santa Bárbara entre el 2006 y el 2011.

Será el próximo jueves, día 30, a las diez de la mañana, cuando deberá comparecer. La Fiscalía Provincial, en su escrito de conclusiones provisionales, ha pedido para ella dos años y 9 meses de cárcel, 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 18 meses de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros por «omisión injusta y consciente» de su deber de dictar resoluciones encaminadas al derribo de edificaciones construidas ilegalmente en la sierra en ese periodo.

En sus conclusiones, la fiscalía señala que a Blanco le correspondía como alcaldesa «la competencia de asegurar la ejecución forzosa de los actos administrativos firmes dictados para restaurar la ilegalidad urbanística» y esta potestad era «irrenunciable». Subraya a su vez, que, en el caso de 21 construcciones levantadas en el polígono 16 de la sierra, tanto el PGM anterior como el actual las considera ilegales y la exalcaldesa contaba con medios materiales y humanos para haber actuado, pero no lo hizo, de ahí la petición de penas.

Además, la Fiscalía Provincial de Cáceres ha presentado sus propuestas para que varias personas sean citadas a declarar como testigos. Se trata del todavía edil de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Plasencia, Juan Carlos Hernández, que ya declaró en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por este mismo caso, ya que fue el secretario de la exedil de Urbanismo Victoria Domínguez, entre el 2007 y el 2010. También ha propuesto que declare el letrado de la oficina de Urbanismo del consistorio, un policía local, el arquitecto superior y otra técnico.

Elia Blanco ya fue condenada por el juzgado de lo Penal en julio del 2014 y en marzo del 2015 por la Audiencia Provincial de Cáceres a dos años y un día de prisión, más inhabilitación especial para empleo o cargo público por 8 años y un día. Todo por un delito continuado de fraude. También fue condenada a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Pasó 16 meses en la cárcel de mujeres de Brieva, en Ávila, de mayo del 2015 a agosto del 2016.