El colectivo de gitanos que han ocupado viviendas sociales de La Esperanza y Gabriel y Galán de forma ilegal apelaron ayer a la Constitución para reclamar a la Junta de Extremadura el acceso a los pisos aún reconociendo que habían entrado por el procedimiento de la patada en la puerta para indignación de los vecinos de La Data, que no han tardado en salir en defensa de los solicitantes de los pisos que han respetado las reglas del juego.
El escrito del colectivo gitano dice así: "Según el baremo marcado por la Junta muchos de nosotros tenemos más puntuación que a los que se les ha concedido la vivienda y sin embargo, por haber ocupado anteriormente una vivienda de forma ilegal no nos permiten ocuparlas ahora aunque la necesitamos más que las personas a las que se les ha concedido". El decreto de la Junta, sin embargo, niega claramente el derecho a acceder a un piso social a toda aquella persona que haya sido antes okupa.
Sin embargo, el colectivo lo calificó ayer de discriminación. "Si nos tienen que echar, que construyan más viviendas porque hay mucha gente que lo necesita y eso es discriminación por ser gitanos. Hay más de 80 personas que quedaríamos en la calle".
