El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quería conocer ayer si los exediles de Urbanismo Victoria Domínguez, Mónica García y Francisco Barbancho y la exalcaldesa Elia Blanco tuvieron alguna participación, o más bien ausencia de ella, en la falta de demolición de viviendas ilegales construidas en la sierra de Santa Bárbara entre el 2006 y el 2011. Pero los testigos que declararon ayer, todos ellos técnicos de la Oficina de Urbanismo, sobre todo el arquitecto superior del ayuntamiento, señalaron que la tramitación de expedientes era un proceso técnico.

Según ha podido saber este periódico, el arquitecto declaró que, generalmente a instancias del policía local destinado a la sección de Urbanismo, se abrían los expedientes de disciplina urbanística, de los que informaban los servicios técnicos y jurídicos y daban lugar a un decreto de paralización de obras, con sus correspondientes periodos de alegación y tramitación.

Reconoció que, entre el 2006 y el 2011, no se derribó ninguna casa, a pesar de que todas eran ilegales y, en su opinión, debería haberse instado a la apertura de expedientes de ejecución de derribos. Ayer, dijo desconocer que existiera alguno en ese periodo y, también y más relevante en el caso, quién debía incoarlo.

Tampoco conocía si, en los presupuestos municipales, hubo alguna vez partida presupuestaria para demoliciones.

Explicó a su vez que el problema de Santa Bárbara data de los años 90 y que, tanto en el Plan General Municipal de 1997, como en el último del 2015, que inició Domínguez, los políticos han intentado darle solución, con propuestas para legalizar viviendas.

Una vez realizadas las declaraciones de estos testigos, el fiscal deberá decidir ahora si pide nuevas declaraciones -ayer preguntó expresamente por el entonces secretario de Domínguez, actual concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento, Juan Carlos Hernández- o nuevas diligencias. En caso afirmativo, continuaría la instrucción y, en caso negativo, deberá emitir un informe instando a la apertura de juicio oral o al archivo de las actuaciones.

La instrucción continuaría en el TSJEx si mantuviera a Domínguez como investigada y, de no ser así, volvería al juzgado de Instrucción de Plasencia.