La obra en la fachada de un bajo de las viviendas sociales que la Junta tiene en Gabriel y Galán disparó ayer la alarma vecinal en un barrio que acaba de vivir los desalojos en masa por ocupaciones ilegales. Pero esta vez quien tiraba abajo el muro era el legítimo dueño del local, según aseguró ayer el ayuntamiento, que se lo había comprado a la Junta en el año 2003 y dispone de licencia municipal de obras para cambiar de ubicación la puerta.
Así lo confirmó la concejala Carmen Blázquez, previa comprobación de la policía local, que acudió a petición de los vecinos que sospechaban de que volvían los okupas . Aunque la edil advirtió ayer de que se vigilará que el bajo del número 9 de Gabriel y Galán no acabe siendo utilizado como vivienda. Se trata del local que fue sede de la iglesia Evangélica, uno de cuyos pastores indicó ayer que "nos lo cedió su titular, pero ahora lo necesita porque le han desalojado de la vivienda".
