El ministerio público pidió ayer una condena de 1.800 euros de multa a razón de seis por día durante diez meses para el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Javier Caso, por un delito de injurias contra el concejal Félix Macías. El fiscal le hizo responsable de la difusión pública de un anónimo donde se vertían acusaciones graves sobre el edil cuando tuvo responsabilidades de gobierno en la legislatura anterior.
"El que difunde un anónimo --dijo-- lo asume como propio" y desvinculó la publicidad del anónimo con la libertad de expresión o sindical por más que Caso, a cuya persona iba dirigida la querella, acudió al juzgado acompañado de numerosos colegas de la CGT que blandían banderas anarquistas además de Manuel Cañada o Agustín Real, hasta ahora líderes de IU.
La acusación particular, que elevó la petición a un total de 2.550 euros por injurias graves con publicidad, centró la cuestión en que Caso no se molestó en comprobar la veracidad de las acusaciones que contenía el anónimo ni pudo constatarlas en el juicio y "lesionó el derecho al honor del edil con el pretexto del derecho a la información".
La defensa, sin embargo, dio la vuelta al argumento al señalar que fue el edil quien no hizo nada por defenderse ante la opinión pública cuando sostuvo que "los cargos públicos deben soportar las críticas a su actividad y a ellos les corresponde demostrar su inocencia". A lo que Macías llegó a preguntar visiblemente emocionado: "¿Usted cree que yo puedo salir a los medios para defenderme de que no soy un chorizo y que no me he quedado con dinero de los toros ni del Teatro Alkázar?".
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El abogado pidió su absolución amparándose en la libertad de expresión y que a su defendido sólo le movió "el interés público" de difundir unas acusaciones anónimas para su investigación aunque le imputó varias irregularidades administrativas del anterior gobierno cuando el anónimo hablaba de delitos.
