Hay muchos frentes abiertos en el tema de las construcciones ilegales en la sierra de Santa Bárbara y, en el ámbito judicial, la situación ha llegado a tal punto que la Fiscalía Provincial ha pedido la pena de cárcel para la exalcaldesa Elia Blanco y un vecino tendrá que derribar su vivienda si no quiere ir a prisión por sentencia firme.
En el caso de Blanco, la Fiscalía Provincial ha presentado un escrito de conclusiones provisionales en el que pide para ella dos años y 9 meses de cárcel, 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público y 18 meses de multa a razón de una cuota diaria de 6 euros por «omisión injusta y consciente» de su deber de dictar resoluciones encaminadas al derribo de edificaciones construidas ilegalmente en la sierra entre el 2006 y el 2011.
La fiscalía, que pide la apertura de juicio oral, acusa a Blanco de un delito continuado de prevaricación urbanística y, subsidiariamente, de uno continuado de prevaricación. Según fuentes judiciales, el juicio comenzará el 30 de mayo a las diez de la mañana en el juzgado de lo Penal.
En sus conclusiones, señala que a Blanco le correspondía como alcaldesa «la competencia de asegurar la ejecución forzosa de los actos administrativos firmes dictados para restaurar la ilegalidad urbanística» y esta potestad era «irrenunciable». Subraya a su vez, que, en el caso de 21 construcciones levantadas en el polígono 16 de la sierra, tanto el PGM anterior como el actual las considera ilegales y la exalcaldesa contaba con medios materiales y humanos para haber incoado expedientes en 7 casos, dictado decretos de demolición en otros 5 y expedientes de ejecución subsidiaria en otros 9, pero no lo hizo, de ahí la petición de penas.
En este caso, el ayuntamiento había venido ejerciendo de acusación como perjudicado, pero en un escrito fechado el 29 de noviembre, el consistorio solicitó su renuncia a seguir ejerciendo la acción penal en base a un dictamen unánime del gabinete jurídico municipal que «no veía indicios de delito», según explicó ayer el alcalde.
Por su parte, el secretario regional del PSOE, Guillermo Fernández Vara, defendió ayer la presunción de inocencia de Blanco y señaló que se siente, «en lo personal», muy cerca de ella.
recurso vecinal / En cuanto al vecino Juan Ángel Bermejo, fue condenado a tres años y nueve meses de prisión, una multa y el derribo de su casa, construida en el 2011, aunque, según indicaba ayer, llegó a un acuerdo para dejar la pena en dos años de cárcel (con lo que no tendría que ir a prisión) si tiraba su vivienda.
El plazo para ejecutar la sentencia cumple mañana, pero su abogado ha solicitado la paralización entregando una documentación municipal para constatar que su casa está incluida en un proceso de regularización iniciado en el consistorio. Bermejo confía en este último recurso para no tener que derribar su vivienda, aunque, si no surte efecto, tiene ya el presupuesto para tirarla. No obstante, subraya: «lo que queremos los vecinos es solucionar esta situación, hemos buscado opciones desde el primer momento».
