La Fiscalía Provincial de Cáceres considera que no existen indicios de "ilícito penal" en relación a la denuncia que el portavoz de Convergencia por Extremadura, Javier Caso, interpuso contra el Ayuntamiento de Plasencia por un presunto delito de contaminación acústica.
En el escrito de diligencias de investigación penal llevadas a cabo por la Fiscalía, recogido por Efe, se hace constar que ante la denuncia formulada por Caso en septiembre de 2010 se inició una investigación recabando la información relativa a la actividad que el Ayuntamiento había venido desarrollando en los últimos años con relación a los hechos denunciados.
La Fiscalía constata que existen "numerosas quejas" de ciudadanos formuladas ante la Policía Local y en menor número ante el Ayuntamiento recabadas desde principios de 2009 y hasta noviembre de 2010 en las que manifiestan las "molestias e incomodidades" que provoca el paso de personas hacia el botellón y la música de los bares de la zona centro fuera del horario de apertura.
En respuesta a dichas quejas constan, según la Fiscalía, numerosas actas levantadas por la Policía Local por incumplimiento de horarios para parte de varios establecimientos, así como múltiples actuaciones de control de ruidos.
De igual forma, se hace mención al precinto de distintos establecimientos, a las órdenes escritas que el concejal de Interior, Francisco Martín, remitió a la Policía Local para que se ejerciera control sobre los horarios y el nivel de ruidos, así como las gestiones llevadas a cabo por éste en materia de lucha contra el ruido y el botellón.
La Fiscalía también hace constar que a fecha 24 de noviembre de 2010, y según los servicios jurídicos municipales, no existe ninguna demanda presentada en materia de ruido ambiental, e informa de la existencia de una serie de expedientes sancionadores incoados contra varios locales, así como comprobaciones de la Policía Local de la efectividad de los precintos ordenados por la Alcaldía.
Por todo ello y a la vista de la información recabada, la Fiscalía concluye que no existen indicios de ilícito penal con relación a la cuestión planteada.
