La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ya anunció que pediría la apertura del juicio oral para el caso Santa Bárbara y lo ha hecho. Su escrito, que todavía no ha sido notificado a las partes, es más duro que el del ayuntamiento. Primero, porque no deja fuera a ningún imputado, segundo porque eleva las penas solicitadas en caso de condena y tercero, porque aumenta también el número de delitos.
Así, mientras el ayuntamiento pidió el sobreseimiento para el exconcejal de Urbanismo Francisco Barbancho, la fiscalía no lo hace. Además, eleva las peticiones en comparación con el ayuntamiento, ya que, mientras este ha solicitado 8 años, 6 meses y un día de inhabilitacion para empleo o cargo público para Elia Blanco, Victoria Domínguez y Mónica García, la fiscalía distingue entre la exalcaldesa y las exconcejalas y solicita doce años de inhabilitación para empleo y cargo público para la exalcaldesa y diez años y medio para los exconcejales. De todos, actualmente solo ejerce un cargo público Domínguez, como diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.
Por otro lado, el ayuntamiento acusa a Blanco, Domínguez y García de un delito continuado de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión y el Ministerio Fiscal distingue entre la prevaricación y la omisión del deber de impedir delitos.
Por eso, para Blanco pide una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación y otros dos más por el de omisión, y para los exconcejales, nueve años de inhabilitación por prevaricación y un año y medio más por el de omisión.
antecedentes / Todo ello por no impedir la construcción de viviendas ilegales en la finca Viña del Carmen, Polígono 16, de la sierra de Santa Bárbara, ni actuar para restaurar la legalidad, durante los años 2006 al 2011.
En sus anteriores escritos, la fiscalía ya había señalado la existencia de indicios de delito y, en respuesta a los recursos de Domínguez y García a un auto judicial, señaló que «la ausencia de control en el cumplimiento de las normas urbanísticas» se vería en el juicio.
En cuanto al magistrado instructor, en su auto del mes de noviembre, señaló que todos los imputados «incumplieron sistemáticamente su obligación legal de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Y tampoco denunciaron nunca los actos de desobediencia de los promotores de las órdenes de paralización de las obras», de lo que se deduce que dictará la apertura de juicio.
Según fuentes judiciales, la Sala puede no haber dado traslado todavía a las partes de los escritos de acusación porque aún tiene pendiente responder al recurso de Domínguez que pedía apartar del caso al Ayuntamiento de Plasencia por no ser perjudicado ni ofendido.
