Dos meses después de la entrada en vigor de la nueva ordenanza municipal sobre rótulos y publicidad exterior, nada ha cambiado. Los comercios tienen hasta abril para adaptarse y, respecto a las vallas, el gobierno ha decidido no tocarlas hasta no adjudicar su gestión en los espacios públicos.
Así lo ha manifestado la concejala Mónica García, que ha calculado que existen más de un centenar de vallas repartidas por la ciudad, de las que más de un 90% están instaladas en espacios públicos. "La cantidad de vallas en espacios privados no es significativa", explica, por eso, el ayuntamiento esperará para exigir su regulación hasta tener adjudicada la gestión de las vallas en espacios públicos. "Nos parece lógico que todas se ordenen a la vez", justificó García.
La concejala señaló que el departamento jurídico municipal está elaborando el pliego de condiciones para sacar a concurso la gestión de la publicidad exterior y espera que en breve esté listo para acelerar los trámites.
La empresa de gestión de publicidad que resulte adjudicataria actuará entonces como intermediaria entre el ayuntamiento y las empresas interesadas en publicitarse en espacios públicos a través de vallas. Pero la edil ha querido dejar claro que no se repetirá el caos actual porque "vamos a fijas un número máximo de vallas y de espacios donde se podrán instalar".
Para ello, el primer paso será desmontar y retirar las ya existentes y, el segundo, será solicitar una licencia municipal y el pago de una fianza. La ordenanza advierte de que no se podrán instalar en fachadas de edificios, señales de tráfico, farolas, semáforos, árboles, papeleras y cualquier otro tipo de mobiliario urbano. A esto suma que los soportes publicitarios no podrán provocar confusión con la señalización del tráfico y los luminosos no podrán producir deslumbramiento, fatiga o molestias a los usuarios de la vía pública.
Respecto a las ubicadas en espacios privados, sus propietarios tendrán que realizar una solicitud para adaptarse a la nueva normativa y entregar la documentación correspondiente, de lo contrario, deberán igualmente desmontarlas y retirarlas.
Por lo que respecta a los rótulos, los comerciantes tendrán como máximo hasta el mes de abril para adaptarse a la normativa. En el casco histórico, la norma solo admite un rótulo por fachada correspondiente al mismo establecimiento y solo paralelo a la fachada y en la planta baja y nunca perpendicular.
La norma fija sanciones que van desde los 300 hasta los 2.000 euros y, de 500 como máximo en caso de infracciones leves.
