El ayuntamiento tendrá que pagar un informe que la exalcaldesa Elia Blanco encargó como parte de su defensa en el Caso Plasencia sobre presuntas adjudicaciones irregulares de obras. El alcalde confirmó ayer una sentencia firme del tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cáceres, que obliga a desembolsar 17.700 euros, más intereses y costas, como pago de un informe que Fernando Pizarro considera que se pidió para la defensa personal de Blanco y no por interés general.
"Personalmente creo que el ayuntamiento no debería asumir gastos de un proceso judicial; hemos luchado por no hacer frente a un gasto que no nos corresponde". El informe versaba sobre la legalidad de unos decretos de Blanco sobre contratación directa mediante propuesta de gasto y las funciones del interventor y del secretario municipal, referidos a estos decretos". Según Pizarro, "no hay más gastos que tengan que ver con informes".
