El caso Bárcenas no es solo el problema Bárcenas. Los líderes políticos quieren convertirlo en el caso Bárcenas, pero en realidad es el problema de la financiación ilegal de los partidos.
Casi todos los partidos se financian o se han financiado irregularmente. Pero no quieren reconocerlo. Es un tema que esconde la gran hipocresía de estas organizaciones políticas. Sus dirigentes saben que los gastos son inasumibles y que las subvenciones del Estado a los partidos resultan escandalosas, sobre todo en periodo de crisis. De ahí que tengan que recurrir a los donativos de las empresas o a los préstamos de los bancos.
Resulta llamativo que más del 90% del presupuesto de los partidos corra a cargo de los contribuyentes y que, además, en algunas formaciones existan otras cantidades de origen oscuro que circulan sin control y que sirven para pagar sobresueldos o para financiar actividades poco claras.
En otros países, como Estados Unidos, no son tan hipócritas. Admiten que las aportaciones de empresas y particulares a los partidos políticos son imprescindibles. De esta forma, siempre podrá saberse si en las adjudicaciones de obras públicas se favorece a determinadas empresas donantes de ayudas. Además, se da la oportunidad a todos los ciudadanos de saber quiénes cooperan con un partido u otro, y en qué medida.
En tanto no exista una renovación ética de la política, el problema de la financiación de los partidos tiene difícil solución. Ahora se pretende tipificarla como delito. Otra hipocresía más, porque casi todos los actos de financiación irregular son delictivos y, sin embargo, se producen muy pocas condenas. Igual ocurrirá cuando se tipifique como delito especial.
Los aparatos de los partidos se han convertido en máquinas electorales sin ideología. Quizá lo único bueno que quede en estas organizaciones políticas sean sus bases: los militantes de a pie, que pegan carteles, luchan por su partido y, mientras los líderes cobran sueldos, sobresueldos y dietas, ellos pagan la cuota.
