Explicar la situación de los golpistas catalanes no es fácil. Unos continúan en prisión preventiva, otros gozan de libertad con medidas cautelares y un tercer grupo, prófugo de la Justicia, ha trasladado su bufonada a Bélgica. Tres situaciones distintas para individuos que supuestamente han participado en los mismos hechos delictivos.

Respecto de los huidos, estamos expectantes ante la decisión de la Justicia belga. Si todo sucede con normalidad, pronto deberíamos ver a Puigdemont y sus secuaces entregados a un tribunal español. A nadie le gusta que exista una casta que busque espacios de impunidad para sustraerse al imperio de la ley. Sin embargo, la idiosincrasia especial de Bélgica nos impide aventurar un desenlace. No hay que olvidar que Bélgica es una de las naciones más desestabilizables de Europa. La coalición gubernamental pende de un hilo. Los nacionalistas flamencos están aprovechando el affaire catalán para meter cizaña. Además, la Justicia belga suele abandonarse en la autocomplacencia. Los jueces belgas tienen el prurito de la pulcritud jurídica. Esto les hace creerse el centro universal de la tutela de los derechos humanos. Y, como casi siempre ocurre cuando se actúa con demagogia, suelen poner el acento en los derechos de los delincuentes, lo que supone ignorar los derechos de las víctimas.

Si a esto añadimos que muchos jueces belgas suelen comportarse con todo lo español mediatizados por prejuicios históricos, fruto del desconocimiento de nuestro sistema judicial y de la realidad política y social que vive nuestro país, no sería raro que al final pudiéramos encontrarnos con una decisión judicial que nos dejara boquiabiertos a todos los demócratas españoles. No sería la primera vez. Esperemos que esto no ocurra, porque la existencia de un espacio de impunidad en la Unión Europea, aparte de surrealista, sería la constatación de que los eurófobos, xenófobos y nacionalistas estarían privándonos de la ilusión de impulsar el proyecto común de la europeidad.