Tampoco el año que empieza traerá una solución para el viejo litigio de las huertas de La Isla, que siguen en punto muerto desde los años de Mariño. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de verano del 2001 que obligaba al ayuntamiento a ir a la expropiación forzosa tras declarar nulo el procedimiento de ocupación directa reabrió la polémica. Mucho se volvió a hablar y a escribir sobre un frente que continúa abierto y que puede poner en apuros a las arcas municipales porque ya entonces estaban tasadas en 7.212.141 euros, lo que en un presupuesto municipal como el de este año supondría un pellizco del 46 por ciento.
A la acusación por parte de IU de que el gobierno del PP trataba de dilatar el conflicto, el alcalde dijo entonces que no era su intención pasar la patata caliente a futuras corporaciones y anunció su intención de entablar una negociación con los propietarios que, sin embargo, nunca llegó a producirse. El proyecto de conversión en zonas de ocio y deportivas duerme el sueño de los justos.
