No pudo ser a través de una modificación puntual del Plan General Municipal, pero la regularización de edificaciones ubicadas en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia ha echado andar mediante la tramitación ante el ayuntamiento de la primera de las áreas de concentración de viviendas que buscan homologarse como «asentamientos turísticos irregulares» contemplados en la nueva Ley del Suelo, que entrará en vigor el 27 de junio.

El arquitecto asesor de los vecinos de la sierra constituidos en asociación, Juan Antonio Álvarez, presentó ayer la tramitación de delimitación del área 1 junto al presidente del colectivo, Ladislao Granado y explicó que engloba una zona de 30 hectáreas en la que se concentran 65 propiedades, aunque matizó que en 9 casos sus propietarios no han querido incluirse, lo que comunicarán también al ayuntamiento.

Se trata de la zona que más urge regularizar, en las fincas conocidas como Viña del Carmen, Viña del Castillo, Calleja Marta y Salinas, porque sus propietarios están inmersos en procesos judiciales que podrían llevar al derribo. De hecho, Álvarez señaló que el siguiente paso será «concretar todo el área en documentos» y enviarle estos al juez del Juzgado de lo Penal, que ha pedido información puntual de la tramitación.

Por eso, ahora toca trabajar con los técnicos municipales, por un lado, y con los vecinos, por otro, porque ya tienen delimitadas diez áreas de concentración de edificaciones en la sierra y se va a ir trabajando sobre todas con el fin de, en septiembre, presentar la documentación para que todas inicien la regularización.

En total, las diez áreas abarcarían una superficie de unas 200 hectáreas con entre 400 y 500 edificaciones y, una vez declaradas asentamientos rústicos irregulares, se regularizarían a través de planes especiales y el visto bueno final lo daría la Junta.

Según los cálculos de Álvarez, «en un año o año y medio, podrímos estar presentando expedientes de legalización a nivel individual». Será por tanto un proceso largo y costoso para los propietarios, porque tendrán que costear las conexiones de luz, agua y alcantarillado y las tasas correspondientes.

No obstante, Álvarez subrayó que «este es el momento. No va a haber más. A nivel individual, no son legalizables y sería irresponsable no incluirse en las áreas pensando que no va a pasar nada porque sí va a pasar». Por eso, colocarán carteles para informar a los vecinos y han facilitado el teléfono 625 041 620 para informarse o sumarse al proceso.