En tiempos de recesión, para favorecer la reactivación económica, existe la alternativa de la intervención subsidiaria del sector público. Se trataría de impulsar el crecimiento por parte de las diversas Administraciones para luchar contra la atonía económica y, de este modo, ayudar a crear riqueza que permita generar empleo.
Algunos piensan que la participación del Estado en la economía plantea muchas interrogantes, dado que no hay que olvidar que el principio de libertad de empresa constituye uno de los pilares de nuestra economía y que la iniciativa pública en determinados sectores responde a añejas fórmulas de intervencionismo estatal.
No les falta razón, pero la libertad de empresa no debe entenderse referida exclusivamente a la empresa privada. Y si la Constitución reconoce la iniciativa pública en la economía, debe concluirse que el principio de libertad de empresa rige tanto para los particulares como para los entes públicos.
El texto constitucional no se ha decantado por un modelo económico cerrado, adscrito a una determinada ideología. Al contrario, ha preferido instaurar un sistema abierto y flexible para dar cabida a diversos modelos económicos, lo que de hecho permite alternancias de gobiernos de talante liberal con otros de signo más social. Además, este modelo flexible ha de interpretarse bajo la idea de que nuestra Constitución consagra un Estado social y democrático de Derecho.
Atravesamos tiempos excepcionales, y la empresa privada, con una baja demanda y con problemas de acceso al crédito, tiene dificultades para constituirse a corto plazo en el motor que precisa nuestra economía, por lo que sería conveniente que el Gobierno, además de propiciar ayudas al sector privado, acometiera iniciativas inversoras y crediticias que ayuden a reactivar el crecimiento económico. Desde esta óptica, no sería nada desdeñable una intervención pública selectiva, siempre que se respete el contenido esencial del principio de libertad de empresa.
