TAtlgunas noticias sobre desahucios de viviendas nos sobrecogen el corazón. Por fin, para buscar soluciones, una iniciativa popular ha sido admitida a trámite por el Congreso. Nuestro sistema de garantías de préstamos se basa principalmente en la hipoteca, que existe desde hace varios miles de años, y que concede al acreedor la máxima protección sobre el crédito.

Pienso que la raíz del problema no reside en la ejecución hipotecaria, sino en la situación de crisis por la que atravesamos. De hecho, el sistema hipotecario ha funcionado a lo largo de la historia y, en condiciones normales, permite que el crédito fluya, al ofrecer seguridad a los prestadores de dinero. Si aceptamos la economía de mercado como regla de eficiencia, debemos entender que las empresas puedan ganar dinero. Si no fuera así, paralizaríamos la creación de riqueza.

Para solventar el problema se ha propuesto la dación en pago obligatoria (la voluntaria ya existe). A mi juicio esta medida no es la panacea. En primer lugar, porque la dación no evita la pérdida de la vivienda. Además, su imposición legal rompería el equilibrio del mercado, con resultados perversos. Uno, que los bancos tenderán a rebajar la valoración de los inmuebles, lo que llevará aparejada necesariamente la disminución del número y cuantía de los préstamos, y otro, que con carácter general subirán los tipos de interés para hipotecas, lo que generará un aumento de la morosidad. En suma, se encarecerá el mercado hipotecario.

Cabrían otras soluciones: limitar o subvencionar los intereses para determinadas rentas; demorar los lanzamientos; o la adquisición optativa de la vivienda por un ente público de viviendas en alquiler. En épocas de crisis, el Estado debe tener una mayor sensibilidad social para defender el derecho constitucional de acceso a la vivienda. Pero, ojo, algunas medidas deberán ser temporales. No olvidemos que la máxima optimización de la riqueza sólo se consigue cuando el mercado funciona libremente.