El concejal de Hacienda, Francisco Barbancho, seguirá como imputado en el caso de presunta corrupción en el ayuntamiento. Así lo ha decidido el titular del juzgado de Instrucción número 4, que ha dictado un auto por el que desestima la petición que hizo el concejal el pasado diciembre de que se le excluyera del caso mediante el archivo de las actuaciones en lo correspondiente a su persona. Este auto tiene la particularidad de que incluye la primera manifestación de que el instructor del caso ve indicios de delito en uno de los imputados. Barbancho es, hasta ahora, el único que ha pedido formalmente que se le excluya del caso.

Según ha podido saber este periódico, el juez se muestra tajante a la hora de desestimar los argumentos que la defensa del concejal plasmó en 50 folios y su conclusión es que ve indicios suficientes como para mantenerle como imputado en un caso basado en presuntos fraccionamientos irregulares de obras municipales para adjudicarlas de forma directa como obras menores al constructor José Antonio Romero, también imputado, en lugar de sacarlas a concurso público. Estos hechos serían constitutivos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraudes y exacciones ilegales.

La defensa de Barbancho trató en su escrito de ´desmontar´ la participación del concejal de Hacienda en los hechos y, por tanto, afirmaba que no había indicios de que hubiera cometido ninguno de los delitos. Sin embargo, el juez no es de la misma opinión porque en su escrito considera que Barbancho tuvo responsabilidad en los hechos por su condición como concejal de Hacienda, ya que dio el visto bueno a todas las propuesta de gasto y destaca el magistrado que hizo caso omiso a las observaciones del interventor municipal. Estas advertían sobre la repetición de facturas y señalaban que, por sobrepasar la cantidad de una obra menor, debían salir a concurso público.

En este sentido, cabe recordar que el interventor dijo en su declaración que hizo observaciones en el caso de las obras de la piscina climatizada, la pista de motocross y de mantenimiento en la ciudad deportiva y que Barbancho tenía conocimiento de estas, tanto por escrito --porque aparecían en las propuestas de gasto-- como porque así se lo manifestó además verbalmente. Además, manifestó al juez que, en su condición de edil de Hacienda y vistas las observaciones, podía haber retirado las propuestas de gasto.

Por otro lado y respecto a la única obra que el concejal adjudicó directamente como alcalde en funciones, la del aparcamiento de La Isla, su defensa argumentó para pedir que se le excluyera del caso que no se fraccionó en dos obras sino que hubo otra obra anexa, --también de explanación de terreno y adjudicada al mismo constructor-- pero independientes, con una finalidad distinta y que se pagaron en dos presupuestarios.

Su defensa consideraba además irrelevante que la obra que adjudicó el concejal comenzara antes de que se firmara el decreto de adjudicación. Pero en este sentido, también el juez es rotundo porque considera que hubo fraccionamiento; que se justificó el fraccionamiento en la insuficiencia de crédito, pero ha quedado demostrado que había casi 300.000 euros de crédito y destaca que el edil permitió que la obra comenzara antes del decreto de adjudicación e inició el expediente con un decreto sin firma. Otro aspecto en el que la defensa de Barbancho se basó en su escrito fue en la actuación del interventor, que no consideró correcta porque en ninguna de las obras se siguió "un pormenorizado y detallado sistema de reparos", que tachaba de "meras observaciones" y señalaba que debía haber informado al pleno.

En respuesta a esto, el juez ha recibido un escrito del interventor municipal en el que aclara sus funciones y afirma que, según la normativa vigente y al tratarse de obras menores, su función no es otra que la de señalar si existe o no consignación presupuestaria para el gasto que se propone y, de forma voluntaria, puede realizar observaciones a las que tiene acceso el concejal de Hacienda.