El juzgado de lo Contencioso ha dado la razón al interventor municipal, que se reincorporará a su puesto en el ayuntamiento tras cinco meses suspendido de empleo y sueldo por el expediente disciplinario que le abrió el alcalde el ocho de noviembre pasado y que el juez acaba de anular "debiendo el ayuntamiento demandado abonar al recurrente las retribuciones dejadas de percibir".
La sentencia es un revés judicial para José Luis Díaz que llega en un momento político delicado dado el conflicto que mantiene con su propio partido desde que le ha apartado de la candidatura a la alcaldía y por lo que ha anunciado la interposición de una demanda civil contra el PP. No en vano el funcionario advirtió en su día que al recurso contencioso le seguirían la petición de responsabilidades civiles o incluso penales de todos los que intervinieron en el proceso sancionador, si bien esta sentencia es recurrible ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJEx.
El gobierno de Díaz expedientó al interventor por no haber cumplido decretos de Alcaldía a los que el propio funcionario había puesto reparos por escrito y por discrepancias técnicas con Tesorería sobre traspasos de cuentas municipales. A lo que no sólo recurrió el funcionario, sino también el Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros cuyo recurso, sin embargo, no ha sido admitido por el juzgado "pues su admisión equivaldría a reconocer al colegio legitimación en todos los expedientes sancionadores que pudieran seguirse frente a sus colegiados". La sentencia desestima las infracciones imputadas por el alcalde, aunque le reconoce las competencias para la incoación del expediente y las del secretario municipal para informarlo.
