Cuatro vecinos de la sierra de Santa Bárbara de Plasencia fueron condenados ayer a penas de cárcel, multas e inhabilitación por haber construido sus viviendas de forma ilegal. Sin embargo, las penas se redujeron considerablemente por un acuerdo entre la fiscalía y las defensas y lo que es más importante, el juez les ha concedido la suspensión de la ejecución de esas penas y un plazo de tiempo de 3 años y 6 meses para regularizarlas. En ese caso, no tendrían que derribarlas.

Es la primera vez que un juzgado de Plasencia, el Penal, aplaza el derribo de viviendas en Santa Bárbara. Y lo ha hecho, como señaló ayer el Magistrado Juez adscrito al juzgado en la corta vista oral que se celebró, por «el compromiso de las partes de legalizar». El asesor técnico de los vecinos, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, había acudido como testigo para confirmar que sus viviendas forman parte de un proceso de regularización iniciado en el ayuntamiento y en trámites, pero no tuvo que declarar.

Porque el juez dio por bueno el compromiso de los vecinos, manifestado por sus defensas, aunque eso sí, señaló que pedirá justificaciones de esos trámites periódicamente tanto a las partes como al ayuntamiento.

4 meses de cárcel / Precisamente también por este compromiso de regularización o, de no ser posible, del de derribar sus viviendas, la fiscalía redujo considerablemente las penas por un delito contra la ordenación del territorio. Así, había solicitado inicialmente dos años de cárcel y los rebajó a cuatro meses. También había solicitado una multa de 10 euros al día durante 20 meses y la redujo a 5 euros al día durante 9 meses.

A esto sumó inhabilitaciones por cuatro meses y el juez decretó el pagó de las costas a partes iguales entre los condenados.

Porque el hecho delictivo existió y existe al no haber derribado las viviendas. Por eso, el juez preguntó a cada uno de los acusados si reconocían los hechos, lo que hicieron todos. Posteriormente, volvió a preguntarles si estaban conformes con la condena, lo que también confirmaron.

Fueron los únicos testimonios en una vista en la que también estaban citados a declarar como testigos dos técnicos municipales de la época en que se produjeron las construcciones.

Por otro lado, la fiscal señaló que, dado que en octubre del 2014 las casas ya estaban terminadas, era de aplicación el anterior Código Penal, con penas más beneficiosas y el atenuante de dilaciones indebidas porque el proceso ha tenido al menos tres «parones» de entre 5 y 6 meses.

La sentencia se declaró firme porque ninguna de las partes recurrirá y las defensas pidieron la suspensión de la ejecución, que también concedió el magistrado, condicionada a la demolición o a la posible regularización en el plazo de tiempo fijado.

Los vecinos se mostraron satisfechos por las rebajas y el tiempo extra, mientras Álvarez valoró que tanto el juez como la fiscal «han entendido que se están tramitando las regularizaciones, un procedimiento que es viable y el plazo es más que suficiente».

Por eso, subrayó que seguirán trabajando «para dar a todo el mundo la oportunidad de regularizar», por lo que pidió a los vecinos que se sumen al proceso, al tiempo que solicitarán agilidad a ayuntamiento y Junta.