Ya hay fecha para el inicio del juicio más importante, desde el punto de vista político, que haya tenido lugar en Plasencia. El próximo 11 de noviembre, a partir de las nueve de la mañana y en el nuevo edificio de juzgados situado en la urbanización Valcorchero comenzarán las sesiones por el denominado Caso Plasencia , en el que están imputados la exalcaldesa y actual concejala del PSOE, Elia Blanco; el también edil del PSOE Francisco Barbancho; la concejala regionalista Mónica García y los exediles socialistas Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Sánchez del Mazo, junto al constructor José Antonio Romero.

Dado que el traslado a los nuevos juzgados comenzará el 25 de octubre, la nueva sede acogerá un macrojuicio para el que la juez del juzgado de Lo Penal ha fijado cuatro días de duración, del 11 al 14 de noviembre, según ha podido saber este periódico. Así se lo ha notificado ya a las partes.

El juicio será el último paso de un proceso judicial iniciado en agosto del año 2010 a instancias de la Fiscalía Provincial y servirá para condenar o exonerar a los imputados por el presunto fraccionamiento irregular de obras municipales --entre el 2003 y el 2011-- con el fin de adjudicárselas a dedo al constructor.

Según el escrito de la Fiscalía en el que pide la apertura del juicio oral, de marzo del 2012, Blanco, Barbancho, Tornero, Raimundo, García y Del Mazo deben responder por un delito continuado de prevaricación y Romero como cooperador necesario. También Blanco, Barbancho y Tornero, y Romero como cooperador, por un delito continuado de fraude. Además, Raimundo por un delito de fraude y todos por un delito continuado de tráfico de influencias.

Respecto a las penas, para Blanco, Barbancho, Tornero y Romero, el fiscal solicita penas de prisión que suman 3,6 años; inhabilitación para ejercer cargo público por 25 años y multas e indemnizaciones al ayuntamiento que, en el caso de Blanco y Barbancho superarían los 500.000 euros; en el de Romero sería de 470.000 y en el de Tornero, de 460.000. Para Raimundo, la pena solicitada es de 2,6 años de prisión, 18 de inhabilitación y 75.000 euros de multa y para García y Del Mazo, las penas solicitadas son de un año de prisión para cada uno, 16 de inhabilitación y multas de 45.000 euros para Del Mazo y 28.000 para Mónica García.

El Fiscal ha pedido que declaren como testigos el interventor municipal y un arquitecto y la aparejadora municipal.