La consejería de Bienestar Social advirtió ya en noviembre del 2002 a Cáritas Diocesana de anomalías porque gastó 29.092,70 euros (4.840.618 pesetas) de más en las tres nóminas de trabajadores locales a costa de dejar de emplear 6.757,89 (1.124.419 pesetas) en el envío de cooperantes al Perú para ayudar en un hogar de ancianos, con lo que en vez de doce, envió sólo a cinco, según varios participantes.

Esta es una de las "anomalías" que la Junta dijo textualmente haber encontrado en un informe que remitió entonces a Cáritas y al que ha tenido acceso El Periódico. "Las partidas del gasto realizado --añade-- difieren sustancialmente con el presupuesto aprobado" y cifra en un 62,8 por ciento la desviación del presupuesto a favor del personal local. Así, 75.370,63 (12.540.618 pesetas) de los 108.182,18 (18 millones de pesetas) en que se presupuestó el proyecto fueron a parar al pago de esas tres nóminas.

Esos tres sueldos se desglosaron en una media mensual del orden de 3.000 euros para el técnico del programa, que era el secretario general de Cáritas, Francisco Martín y de unos 1.200 y unos 900 para los otros dos empleados. Este último ha resultado ser Mariano Blanco, uno de los trabajadores despedidos durante las Navidades.

SILENCIO DEL OBISPO Pero el informe que la consejería remitió a Cáritas advertía también de que faltaban 3.710,17 euros (617.321 pesetas) por justificar en este proyecto llamado Foro de análisis e intervención en cooperación internacional y de que "algunos gastos incluidos en la relación de facturas no se corresponden con el periodo del que se informa" y pedía explicaciones.

Mientras tanto, ni la propia Cáritas ni el Obispado salieron ayer de su mutismo aunque el obispo, Amadeo Rodríguez, reunió por la tarde a los directivos en el palacio episcopal después de que El Periódico destapara el sábado que Cáritas Diocesana se ha visto obligada a hipotecar su sede central en la avenida de la Vera y otros dos locales desocupados de San Juan para obtener un crédito de 518.279 euros de Caja Extremadura, por el que tendrá que pagar 62.199.49 de intereses durante cinco años.

Cáritas Española se abstuvo ayer de valorar la situación con la explicación de que las Cáritas Diocesanas tienen autonomía organizativa y económica plena y dependen directamente del obispado, al que remitió. Tampoco la Junta de Extremadura ha terciado todavía en la polémica.