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por la reconversión en centro para menores con problemas de conducta

La Junta anuncia un acuerdo con los trabajadores de Valcorchero

FESP-UTG denuncia «amenazas y coacción» para algunos traslados. Dice que ha habido consenso para su reubicación temporal en otros centros

 

Exterior del centro Valcorchero. - TONI GUDIEL

REDACCIÓN / AGENCIAS
06/07/2019

La situación laboral de los trabajadores del centro de menores de Valcorchero de Plasencia, que esta semana ya ha cesado en su actividad, provocó ayer manifestaciones completamente opuestas entre la Junta de Extremadura y la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT Extremadura. Mientras la primera, a través de la Dirección General de Políticas Sociales, anunció que ha llegado a un acuerdo con el personal para su reubicación temporal en otros centros, el sindicato denunció que los trabajadores «se sienten engañados».

La dirección general señaló que, durante los últimos meses, ha celebrado «numerosas reuniones» con los trabajadores para «explicar y consensuar el cierre temporal» y que ayer por la mañana «se llegó a un acuerdo firmado» para su reubicación, «asignándoles por categorías profesionales centros y recursos adscritos a la dirección general y localizados en sus lugares de residencia o próximos, manteniendo sus condiciones y derechos laborales».

Manifestó a su vez que, «a falta de la mesa negociadora con Función Pública para ratificar el acuerdo, ha habido consenso con la reubicación temporal».

En cambio, horas antes de estas declaraciones, FESP-UGT denunció a través de una nota que, en relación a los traslados, «lo que en un principio debería ser una situación pacífica y hacerse con todo el rigor posible respetando a los trabajadores, se está convirtiendo en un malestar generalizado, ocasionando situaciones de estrés y amenazas, si no aceptan los centros que la administración les asigna».

El sindicado señalaba que los trabajadores no se oponen a ser reubicados, pero quieren «hacerlo con todas las garantías de su categoría profesional y respetando sus derechos». Pedía precisamente una negociación con los representantes de los trabajadores y buscar fórmulas, sin imponer centros «mediante amenazas y coacción».

Para Política Social, esta denuncia resultaba «sorprendente, incongruente e impropia con el acuerdo alcanzado. Es inexplicable que se hayan hecho acusaciones que nada tienen que ver con el ambiente percibido» entre el personal del centro.