Los concejales de Plasencia en Común y Ciudadanos hicieron público ayer el caso de una vecina de Gabriel y Galán, adjudicataria de una vivienda social de la Junta, a la que esta ha dado un plazo de diez días para desalojarla, con el apercibimiento de que, si no lo hace, «se procederá al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres la ocuparen».
La Junta justifica la pérdida del derecho de adjudicación en el impago de las rentas porque, según el organismo autónomo de recaudación de la Diputación de Cáceres, debe 121 mensualidades, por un total de 11.591,18 euros.
La afectada dijo ayer que llegó a un acuerdo con la Junta para pagar el 25% mes a mes, pero lleva 7 años en paro y su pareja es una de las 56 auxiliares de ayuda a domicilio que están esperando juicio, o que el ayuntamiento les pague una cantidad para equiparar su salario al de la categoría E durante el tiempo que trabajaron en el ayuntamiento, en virtud de una sentencia anterior.
PeC habló ayer de «irresponsabilidad» municipal porque el hecho de que no se les haya pagado todavía «está influyendo en la pérdida de su vivienda». Cs dijo que preguntará en comisión por qué, si la cantidad está presupuestada y hay un compromiso de pagar, aún no se ha hecho.
El alcalde respondió afirmando que, si no se les ha pagado todavía no es «ni una negligencia ni intención de retrasar y los portavoces lo saben», y calificó de «mezquino utilizar a alguien en esa situación, usar el sufrimiento para hacer política».
En cuanto al pago, de un total de más de 350.000 euros, explicó que «los trámites administrativos son como son y yo no me los puedo saltar». Así, dijo que el dinero está en una partida para contingencias que tiene que pasar por una modificación de crédito y antes requiere una valoración de los servicios jurídicos y de personal. «Y en ese trámite estamos».
Según sus cálculos, la modificación de crédito irá al pleno de febrero o, como máximo, al de marzo, con lo que se evitarían los juicios previstos para junio. «Cuando estén las valoraciones y la modificación se hará el pago y nosotros queremos que se haga cuanto antes», subrayó.
En cuanto al caso del desahucio, se puso a disposición de la afectada y también los servicios sociales. «Puede contactar conmigo y esa situación límite posiblemente se paralice con la intervención del ayuntamiento y los servicios sociales».
