Nada de construir en el monte protegido de Valcorchero. Es, en pocas palabras, lo que le ha transmitido la Junta a la concejala de Urbanismo y dicho y hecho porque la propuesta de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que llevará Victoria Domínguez al pleno suprime de un plumazo las 2.800 viviendas proyectadas inicialmente entre Ciudad Jardín y la ermita de la Virgen del Puerto.

Lo anunció ayer la propia Domínguez, que siempre se ha mostrado en contra de construir en Valcorchero y ahora ha advertido de la negativa de la Junta a esta urbanización. "Así me lo han trasladado las personas encargadas de hacer el informe final de impacto ambiental de todo el plan, un informe vinculante para el ayuntamiento" y que paralizaría el plan en el caso de que fuera negativo.

Por eso, el equipo redactor del plan ya ha buscado una solución para mantener los derechos del ayuntamiento y el aprovechamiento que le corresponde. La propuesta es que esas viviendas se trasladen a la zona baja de La Data, entre Ciudad Jardín y Gabriel y Galán. Esto deja en el aire también la anunciada ronda Norte: "Al final se verá si interesa o no, dado que ya no habrá viviendas", indicó Domínguez.

Pero nada de esto será una realidad hasta que no se apruebe el plan. Por eso, la concejala instó de nuevo a la alcaldesa a que lleve la aprobación inicial al próximo pleno "si quiere aprobarlo en esta legislatura porque esa es la pregunta que habría que hacerse". Advirtió que, de demorarse más, los trámites administrativos harían imposible su aprobación el próximo año.

Como ejemplo de la urgencia de esta aprobación, subrayó que el actual plan impide desarrollar suelo en el polígono industrial porque las unidades de ejecución son muy grandes, con lo que las licencias de nuevas naves industriales están paralizadas y "los propietarios llevan quince años esperando". Los propios industriales le han pedido por carta que el nuevo PGOU vaya al pleno cuanto antes.

Domínguez recordó que el tiempo apremia porque, una vez aprobado, debe estar expuesto un mínimo de 45 días para alegaciones formales y después habrá que contestarlas una a una y de forma motivada.