El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Plasencia ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por un extrabajador de la UTE del Agua contra el alcalde, Fernando Pizarro y el concejal de Servicios Municipales, Luis Miguel Pérez Escanilla, que tendrán que declarar en calidad de investigados por presuntos delitos de prevaricación continuada.

Según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el juzgado ha decidido iniciar la fase de instrucción y abrir diligencias previas para comprobar si los hechos denunciados son constitutivos de delito. De ahí que tengan que acudir a declarar, en principio en el mes de enero, aunque el juzgado no descarta un adelanto de la citación.

También se citará al denunciante para que se ratifique en su denuncia. En esta, que hizo pública el grupo municipal del PSOE, afirma que Pizarro ha cometido una presunta prevaricación continuada al consentir numerosos incumplimientos de la UTE del Agua, como el hecho de tener a seis empleados menos en plantilla que los que fija el contrato; no ejecutar la limpieza de imbornales y retener 2,8 millones de euros.

Hasta ahora, el alcalde ha negado las acusaciones, afirmando que el gobierno local ha sido «muy beligerante con la UTE, le hemos instado al cumplimiento del pliego y en el 2013 se aprobó compensar el dinero que tenían retenido», los 2,8 millones con 1,3 que le debía el ayuntamiento.

La denuncia contra Pérez Escanilla es además por presunto tráfico de influencias y cohecho, lo que el concejal ha negado.

Igualmente, el extrabajador ha denunciado en el mismo acto al actual gerente de la UTE y al anterior, ambos por un presunto delito de cohecho.

El juzgado iniciará ahora la investigación y decidirá después si archiva el caso o dicta un auto de apertura de juicio oral.