El Magistrado Juez adscrito al juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia ha dictado un auto el pasado 13 de marzo por el que acuerda «dejar en suspenso» el plazo de tres meses que había concedido a los propietarios de una vivienda construida ilegalmente en Cabezuela del Valle para demolerla, so pena de ir a la cárcel si no ejecutaban la sentencia.
El Magistrado deja en suspenso el plazo «hasta que la presente resolución alcance firmeza» en instancias superiores y con el fin de «garantizar debidamente el derecho de la parte a emplear los medios y recursos procesales para combatir aquellas decisiones judiciales que no comparta».
Ahora bien, el auto condiciona esta suspensión a que los propietarios abonen previamente el presupuesto de la demolición.
Este caso es muy similar al del vecino de la sierra de Santa Bárbara condenado a derribar su vivienda si no quiere ir a la cárcel. Porque los vecinos de Cabezuela, al igual que ha hecho el de Plasencia, presentaron en el juzgado documentación que avalaba el inicio de un proceso de regularización con el ayuntamiento.
En este aspecto, sin embargo, el juez no atiende la petición de los dueños de suspender la obligación de demoler porque, basándose en jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, señala que se puede dejar en suspenso la obligación de demoler «siempre que resulte que la obra es directa y automáticamente legalizable», lo que considera como una mera posibilidad en el caso de Cabezuela, ya que precisa «de la intervención de distintas administraciones a fin de posibilitar un marco normativo en el que resulte posible dicha legalización», al igual que sucede en Santa Bárbara.
En el caso del vecino de la sierra, señaló ayer que, aunque el plazo para demoler vence hoy, el haber solicitado una paralización «deja en suspenso» la ejecución de la sentencia «hasta que llegue la respuesta judicial».
