En los últimos cuatro años, 44 padres han pasado por el juzgado por consentir que sus hijos no estuvieran escolarizados. La cifra la da la policía local para resaltar que este ha sido uno de los frutos del trabajo del servicio de agentes tutores, ya que han sido estos quienes, en los casos de absentismo escolar que los padres se negaban a solucionar, remitieron la información a la Fiscalía.
Según fuentes policiales, los jueces están apoyando el trabajo policial porque las sentencias que ya han dictado al respecto están siendo condenatorias para los padres.
Señala la policía que, cuando comenzó a funcionar el servicio de agente tutor, había en la ciudad en torno a 185 casos de absentismo, que después se redujeron a 115 y en el último curso «quedaban ya cuatro o cinco casos residuales, de chicas de 15 y 16 años, en algún caso embarazadas, que ya son difíciles de solucionar».
En lo que llevamos de curso, la policía también ha recibido información de los centros educativos de dos hermanas de 12 y 15 años que no estaban yendo a clase y de otro niño de 4 años.
«Los centros nos llaman porque ellos no pueden llegar a todas partes. Cuando hay que ir a casa de los familiares para notificar la falta de asistencia tenemos que ir nosotros».
Además, señalan que los propios agentes crearon un protocolo de tres notificaciones a los padres antes de acudir al juzgado.
Por todo y, pese a que la Junta ha instado a los directores de los centros educativos a abstenerse de participar en el programa de agente tutor, la policía subraya que seguirá trabajando para combatir el absentismo porque les ampara la nueva Ley de Protección a la Infancia del 2015.
«Esta ley nos habilita para investigar casos de absentismo y, si me niegan la información, sería un delito y tendríamos que ir contra los directores», de los que dicen entender que «están atados de pies y manos» porque la Educación está jerarquizada y tienen que atenerse a las órdenes del secretario de Educación.
Se preguntan no obstante, qué se estaba haciendo antes de que ellos comenzaran a trabajar en absentismo porque «la inacción es un delito» y hay que proteger los derechos del menor. H
