El Ministerio de Economía y Hacienda ha exigido a la empresa de artes gráficas Monprint que devuelva más de 3,2 millones de euros, que percibió en concepto de subvención, por no haber mantenido las instalaciones y el empleo en relación con la planta de impresión de Plasencia.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de condiciones de siete expedientes acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
Entre los expedientes se encuentra el de la empresa Monprint, inmersa en concursos de acreedores desde diciembre de 2009, fecha en la que echó el cierre de la planta de impresión de Plasencia.
Según el acuerdo, recogido por Efe, la entidad Monprint SL percibió con fecha 16 de febrero de 2009 la totalidad de la subvención concedida por importe de 2.879.040 euros.
El 2 de julio de 2010 la Comunidad Autónoma emitió un informe sobre mantenimiento de las inversiones, del que se deduce incumplimiento en la obligación de mantener las inversiones subvencionadas durante cinco años después de finalizar el plazo de vigencia y en la obligación de mantener el empleo creado durante dos años después de terminar el plazo de vigencia, y por ello se inició el oportuno expediente de incumplimiento.
Instruido el expediente de incumplimiento, se pone de manifiesto el incumplimiento total de la condición de mantener inversiones por importe de 23.992.000 euros durante cinco años y el incumplimiento total de la condición de mantener 75 puestos de trabajo durante dos años.
Por este motivo, el Ministerio de Economía y Hacienda ha declarado el incumplimiento de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales con la obligación de reintegrar al Tesoro Público la subvención percibida (2.879.040 euros) junto con los intereses de demora (cifrados en 336.611 euros).
Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, la empresa podrá interponer recurso de reposición ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses.
