Si la empresa Joca, adjudicataria de la rehabilitación de los pabellones militares de Plasencia para su conversión en residencia de mayores, no cierra el edificio en los plazos legales previstos, «sería uno de los puntos más importantes que justificarían la rescisión del contrato, más que los retrasos». Así de contundente se mostró ayer el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, al explicar el estado de los cuatro procedimientos abiertos a la empresa.

Porque uno de ellos ha supuesto, por decreto de alcaldía, el requerimiento para el cierre de la cubierta. El alcalde explicó ayer que se envió el 30 de septiembre, pero Joca ha dicho no haberlo recibido. Así, ahora se pedirá a Correos un informe «de por qué no le ha llegado» y, además, se publicará el requerimiento para que queden enterados. No obstante, Pizarro espera esta semana otro informe de los dos aparejadores municipales que controlan la obra sobre la necesidad de cerrar «todos los vanos». Cuando lo tenga, se requerirá también a la empresa que cierre el edificio «por completo» y «de manera inmediata». Lo contrario, lo pondría «en grave riesgo» de deterioro debido a las condiciones climatológicas, aunque, si no lo hiciera la empresa, podría hacerlo el ayuntamiento, porque cuenta con presupuesto europeo.

el 10% de 3,2 millones / Exactamente, la obra se adjudicó por 3,2 millones de euros, el mayor montante del proyecto DUSI placentino. Pero la empresa presentó el mes pasado una modificación que ya ha estudiado el director facultativo de la obra, el arquitecto municipal Fernando Serrano, quien ha emitido un informe que concluye que los cambios propuestos por la empresa «no son necesarios para el cumplimiento del proyecto».

Además, Pizarro explicó que, inicialmente, la empresa afirmó que este modificado no supondría un sobrecoste, sin embargo, finalmente sería de un 10% del montante total, es decir, 320.000 euros más. Además, Joca pide la paralización de la obra, lo que supondría «un incumplimiento del pliego porque los 15 parados de larga duración contratados se irían a la calle» y precisamente, estos contratos fueron un punto importante a la hora de valorar más su oferta.

Atendiendo a las conclusiones del arquitecto, el gobierno municipal prevé denegar el modificado y la paralización, pero tendrá que hacerlo el pleno, bien en la sesión extraordinaria del 18 de octubre para el sorteo de las mesas electorales o en la ordinaria de finales de mes.

Por otro lado, la empresa ha dicho también no haber recibido el requerimiento para que justifique los retrasos de los plazos de adjudicación de la obra. Según explicó Pizarro, «a día de hoy, debería estar ya aproximadamente el 50% de la obra ejecutada y solo lo está en un 20%». El que sí han recibido ha sido el de petición de información sobre contratos de trabajo y pagos y tienen hasta el 15 de octubre para entregar esa documentación.