El módulo de larga estancia del centro sociosanitario de Plasencia, donde se produjo un incendio al quemar un enfermo un colchón y hubo que evacuar a 95 ingresados, se sustituirá por otro de nueva construcción. Lo anunció la semana pasada Consolación Serrano, la directora gerente del Sepad, del que depende el centro, que visitó el martes la instalación y se reunió con parte del personal que estaba de guardia el viernes.

Se trata del edificio más antiguo, también del más alejado y donde más deficiencias han denunciado sus trabajadores (de aguas residuales, techos, ascensores sin funcionar…). Pero, aunque según la directora del centro, Soraya Cobos, se han ido realizando obras de reforma por valor de un millón de euros, el Sepad ha decidido levantar uno nuevo. El jefe del servicio de obras de la Consejería de Sanidad, Jorge Rebollo, que acudió al centro junto a la directora del Sepad, explicó que ya está contemplada una inversión de 2,5 millones de euros y se está estudiando la ubicación. Una vez decidida, la intención es licitar este mismo año la redacción del proyecto y el próximo, la obra y «empezar cuanto antes». Porque se utilizarán fondos europeos y el edificio debe estar terminado antes del 2023.

Respecto a lo ocurrido el viernes 28, la directora del Sepad afirmó el martes que «el plan de autoprotección ha funcionado perfectamente y hemos felicitado al personal porque lo ha hecho estupendamente». Sí dijo que habrá «adaptaciones menores» para mejorarlo porque «nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que están aquí».

Por eso, criticó las quejas transmitidas por el trabajador y representante sindical Jesús Grande, en cuanto a la mezcla de enfermos de origen judicial con el resto porque «se estigmatiza y dice cosas que no son ciertas, como que la persona que quemó el colchón es un enfermo judicial y no lo es». Explicó que es un juez quien decide que una persona cumpla tratamiento en un centro como el sociosanitario y después, un equipo clínico decide su ubicación y se envían informes permanentes al juez, que valora si el enfermo permanece o no en el centro.

estar preparados / No obstante, Serrano dijo que este tipo de sucesos «se dan con frecuencia en centros de este tipo, es una forma de llamar la atención y hay que estar preparados para evitar que eso suceda». En este sentido, subrayó que «las medidas de seguridad las tenemos todas».

Respecto a las quejas de falta de suministros, como zuecos o pilas, señaló que existe un contrato-marco para el vestuario y está pendiente de fiscalización un nuevo procedimiento que permitirá a los centros realizar contratos menores o derivados para reponerlos. «La ley de contratos del sector público lo ha dificultado mucho y lo ha retrasado», señaló, mientras la directora del centro aseguró que «las cosas urgentes se están reponiendo».

Sobre la amortización de plazas, otra queja del personal, Serrano explicó que el número de ingresados en el centro ha bajado mucho, pasando de 700 a 260 actualmente para 330 camas y 374 trabajadores. De estos, 99 enfermos se encuentran en el pabellón de larga estancia, donde trabajan 59 auxiliares, 6 enfermeros y una supervisora en un servicio de 24 horas, según sus datos. «No hay ingresos nuevos», por lo que señala que la ratio de trabajadores está ajustada al número de enfermos ingresados y a las necesidades del servicio.

Con todo, la intención del Sepad es que el centro sociosanitario pase a depender del SES y sea únicamente un centro sanitario, traspasando la parte social y de dependencia . Precisamente, los trabajadores que aún no han pasado al SES se han quejado del tiempo que llevan esperando y, ante esto, la directora del Sepad señaló que el asunto se paró debido a las elecciones autonómicas y «habrá que retomarlo ahora», aunque no dio fechas.