A partir del 10 de enero los ocupantes ilegales de las viviendas sociales de Gabriel y Galán tendrán que haber hecho las maletas para abandonarlas voluntariamente y entregar las llaves a la Agencia Extremeña de la Vivienda. Ese fue ayer el compromiso del pastor de la iglesia evangélica, Emilio Vázquez, y del portavoz del colectivo merchero, Hilario Pardo, mientras jóvenes de etnia gitana tiraban abajo los palés con que habían empezado a montar chabolas.

Todo ello por la tarde después de desconvocar la manifestación que la asociación gitana iba a realizar en Mérida la víspera de Nochebuena, una vez que Javier Corominas, el presidente de la agencia, había rechazado por la mañana todo encuentro con los portavoces de los ocupantes ilegales si persistían en su intención de manifestarse. Así que los acabó recibiendo en presencia de la alcaldesa, Elia Blanco, y los concejales de Barrios, Carmen Blázquez, y de Bienestar Social, Victoriano Durán.

COROMINAS AVISA El compromiso es que el día 3 entregarán las llaves de aquellos pisos ocupados ilegalmente, pero deshabitados, y que el 10 empezarán a abandonar pacífica y escalonadamente las viviendas mientras la Junta trasladará sus enseres al almacén de una empresa pública en el polígono. Entonces podrán solicitar una vivienda social aunque Corominas advirtió de que sólo les será adjudicada "si reunen las condiciones que justifican su presencia en una vivienda social de la Junta y en un piso distinto del que ocupaban".

Dijo más, que los habrá que no puedan ser adjudicatarios "por sus ingresos, por tener otra vivienda, por su situación de itinerante o aquellas personas cuyos comportamientos demostrados rompen la convivencia del barrio, bien por su forma de actuar o por sus costumbres".

Así respondió Corominas cuando el pastor quiso saber si todos tendrían derecho a un piso y cuándo, lo que dependerá también del ritmo de reparación de las viviendas, según el presidente, que advirtió además de que todo aquel que no entregue la llave, será desahuciado.

El pastor evangélico reconoció que "esas viviendas estaban ocupadas ilegalmente por personas a las que no se les había otorgado" y agradeció a Corominas que los recibiera porque "creo --dijo-- que es mejor el diálogo que la guerra". En la misma línea Corominas mostró su esperanza de que "Gabriel y Galán sea un barrio modesto, pero no marginal" y anunció que los adjudicatarios tendrán que seguir cursos de formación en convivencia y demás.

Mientras duren los desalojos, Corominas se mostró convencido de que nadie se quedará sin techo "porque tendrá que funcionar la solidaridad entre las familias, y muchos además tienen otra vivienda". Pero si se da algún caso de emergencia social, que dijo dudar, actuarán los servicios sociales.