La Junta de Extremadura anunció ayer que próximamente procederá a desahuciar a aquellos ciudadanos que han ocupado ilegalmente viviendas sociales en el polígono de La Data. Precisamente, los residentes en Gabriel y Galán habían expresado públicamente sus quejas hace unos días ya que, transcurridos dos años de los últimos desalojos en el mismo escenario, avisaban de que la ocupación mediante la patada en la puerta volvía a ser puesta en práctica.

El gobierno regional está al tanto y ha informado de que los primeros desalojos forzosos se darán en los casos cuyo expediente cuente ya con la perceptiva resolución judicial. Además, la Consejería de Fomento se ha comprometido a agilizar aquellos expedientes ya iniciados para obtener cuanto antes la pertinente resolución que autorice el desahucio.

Este compromiso por parte de la Junta es lo que buscan los vecinos "para terminar con estos casos de ocupación ilegal al igual que el de cesión de llaves a terceros", compromiso que ya existía con Javier Corominas "que lo llevaba todo fenomenal", dice un vecino en alusión al que fuera presidente de la Agencia Extremeña de la Vivienda y a sus asesores.

REFORMAS Sin embargo, esta no es la única queja que han hecho pública los residentes de la barriada, ya que a esta también suman la del estado "vergonzoso" en el que se encuentran los bloques de viviendas "por algunos que se dedican a romper todo y a no cuidar nada". Estos piden al gobierno regional que se reanuden los trabajos en los bloques que no están terminados y que se hagan las mejoras pendientes en los de la segunda parte de Dolores Ibárruri.