El ayuntamiento ordenó construir la rampa para el acceso de minusválidos en octubre del 2002.
El director general de Patrimonio visita in situ las obras de la rampa. La Junta exige al ayuntamiento que pare la obra por tratarse de una infracción contra el patrimonio.
El ayuntamiento se compromete a pararla pero sigue adelante e incluso intenta teñirla de un color parecido a la fachada.
La Junta vuelve a exigir la demolición de la rampa y el ayuntamiento se niega alegando que se trata de una obra en la vía pública.
