Mirella Martín y Juan Antonio Montaño están desesperados. Si no consiguen trabajo, una vivienda social o ayuda para pagar el alquiler que deben, el 1 de febrero se quedarán en la calle, ellos --Mirella está embarazada de cuatro meses-- y su hija de tres años. El juzgado de Instrucción número 1 ya ha puesto fecha a su desalojo.

Tras una denuncia que interpuso el dueño del piso en el que viven después de acumular una deuda de 600 euros, hoy mismo se cumple el plazo que tenían para abandonar la vivienda de forma voluntaria. No la han dejado. Afirman que no tienen dónde quedarse porque sus padres ya viven con muchos familiares y tienen pocos recursos, así que agotarán el plazo para el desalojo forzoso mientras esperan que en ese tiempo llegue la solución. Según la documentación que tienen, deben presentarse a una vista el próximo 30 de noviembre y el lanzamiento forzoso sería el 16 de diciembre a mediodía. Señalan sin embargo que el juzgado les ha comunicado que el lanzamiento sería el 1 de febrero.

A esta situación han llegado tras quedarse los dos sin empleo. Juan Antonio ha trabajado siempre con su padre, en la venta ambulante y recogiendo chatarra, pero sus padres lo dejaron hace más de cuatro años y es lo que lleva sin trabajar. Mirella se quedó en el paro hace un año. Había trabajado con su familia en una tienda y después como empleada de hogar en una casa cuyos dueños tuvieron que marcharse de la ciudad por problemas de salud.

Tienen concedida una renta básica de 585 euros, pero el alquiler que deben pagar es de 250 euros, «más el agua, la luz, el gas... Llegaba el día 15 y no teníamos qué comer así que empezamos a pagar al dueño 150 euros o 100 en lugar de los 250». De esto «no tenemos recibo, nos dijo que nos lo hacía cuando pagáramos todo».

En lista de espera / Pero después de 600 euros de deuda les denunció y les reclama esa cantidad más la acumulada hasta el momento en que se dicte la sentencia. Han pedido la ayuda de alquiler al ayuntamiento, pero «ya nos la dieron para dos meses el año pasado y la trabajadora social dice que por eso no nos la pueden volver a dar».

Tienen que pedir cita para hablar con la trabajadora social de la Junta mientras están «el número 13 en la lista de espera para una vivienda social».

Pero sobre todo, lo que necesitan es «trabajo, que nos quiten las ayudas, pero que alguien nos dé un puesto de trabajo. Llevamos cuatro años en la bolsa social del ayuntamiento y hemos echado el curriculum por todos lados, pero nada».