Alguien consintió que una mujer con un hijo menor a su cargo ocupara un piso municipal que debía estar cerrado por orden de la Junta al hacerse cargo esta de atender a las víctimas. La mujer acogida hizo un uso indebido del teléfono y ahora, el gobierno le ha pedido que abone el precio de las facturas, que rondan en total los 2.600 euros.

Es la única responsabilidad que se va a pedir, según anunció ayer la alcaldesa después de celebrar una junta de portavoces en la que informó a PP y UPEx de los informes elaborados sobre el caso y que, aseguró "no son concluyentes".

Por tanto, el gobierno no atribuye ninguna responsabilidad a la concejala encargada del servicio, Raquel Puertas, ni UPEx, que se mostró ayer satisfecha de las explicaciones de Blanco y dio por zanjado el tema. El PP sí ha pedido una reunión posterior para sacar conclusiones.