La reciente detención de un presunto traficante de drogas en Gabriel y Galán, que pasaba temporadas junto a su familia en una de estas viviendas sociales adjudicadas por la Junta de Extremadura pese a contar con vivienda propia en la provincia de Toledo, ha llevado a los vecinos honrados a pedir un control riguroso a la administración a la hora de adjudicar las próximas. En los anteriores desahucios se descubrió que algunas de las viviendas que se iban desalojando estaban vacías o estaban siendo utilizadas como almacenes de mercancía mientras había familias enteras en lista de espera para acceder a una de estas viviendas sociales.
