La socia de gobierno, Victoria Domínguez, y el grupo municipal del PP coincidieron ayer en advertir de que pedirán responsabilidades por el uso que se ha estado haciendo del piso de acogida para maltratadas, municipal y que la Junta dejó de mantener en verano del 2008, pero que, según han desvelado unas facturas de teléfono, todavía seguía abierto y ocupado en enero.

Así lo afirmaron ayer la concejala de Igualdad, Raquel Puertas y el portavoz del gobierno, Francisco Barbancho, a Domínguez y al portavoz popular, Miguel Cantero, en una comisión extraordinaria convocada, según subraya UPEx, a petición suya, para pedir explicaciones.

Pero ni a Domínguez ni a Cantero han convencido estas explicaciones, por lo que ambos han pedido un informe "a realizar por técnicos municipales" y no por políticos, según ha advertido el PP, que aclare lo sucedido y ayude a depurar responsabilidades. UPEx ha reclamado también las facturas telefónicas de diciembre y enero --una de unos 600 euros y otra de unos 2.000-- que ni Puertas ni Barbancho mostraron ayer, aunque sí reconocieron que existen.

Son precisamente estas facturas las que han desvelado que el que fuera piso de acogida para mujeres maltratadas seguía funcionando cuando presuntamente debería estar cerrado desde el verano del 2008. Porque fue entonces cuando la Junta decidió modificar el recurso que venía prestando a las mujeres en este piso por un centro de emergencias para una estancia no superior a las 24 horas en dependencias de la propia Junta. El asunto se trató en el pleno de julio del 2008 y no estuvo exento de polémica porque, en principio, el piso se iba a sustituir solo por un punto de atención psicológica, aunque finalmente lo fue por el centro de emergencia.

Puertas explicó ayer en la comisión, y lo corroboró Barbancho, que desde entonces y hasta el pasado noviembre, el piso lo había venido utilizando una psicóloga para dar atención a maltratadas y, cuando el gobierno conoció las facturas, pudo comprobar además que estaba ocupado por una mujer. Pero, según advirtió ayer un sorprendido Cantero, "no era víctima de violencia de género, en palabras de Raquel Puertas. Nos preguntamos entonces para qué se ha estado utilizando el piso".

Según el PP, esto es algo que la concejala y el portavoz del gobierno no supieron explicar y, en su lugar, liaron un poco más la madeja al indicar que había tres juegos de llaves del piso.

Por eso, UPEx mostró su indignación por "la inseguridad en que se han podido encontrar los usuarios" y pidió explicaciones a Puertas sobre el uso del recurso y "las posibles responsabilidades de los profesionales que tenía contratado el ayuntamiento". Además, mostró su preocupación "por el servicio que está dando la Junta, ya que, cuando menos, existe una grave descoordinación entre los servicios de ambas administraciones".

Para el PP, es "un escándalo que una dependencia municipal se haya estado utilizando sin que ningún responsable político tuviera conocimiento". Ha denunciado que "la concejala y la alcaldesa nos están ocultando información" y dice sentir vergüenza porque "ante la negligencia y dejación de funciones que estamos viendo, aquí nadie presente su dimisión".