El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, se enteró el sábado del cese de la actividad del centro de menores de Valcorchero por la prensa y por un trabajador preocupado por cómo les va a afectar el cambio proyectado por la Junta, que se hará efectivo a partir del 30 de junio. Ayer, el alcalde se refirió a estas dos cuestiones para reclamar a la Consejería de Políticas Sociales que el cierre temporal para el cambio de actividad no perjudique a la plantilla y que informe al Ayuntamiento de Plasencia del proyecto.

Según explicó Pizarro, él conocía el que gestó en la anterior legislatura el gobierno regional del PP, que finalmente no pudo llevar a cabo. «Se planteaba también para el cumplimiento de medidas judiciales, como un servicio que transformaría el centro y permitiría ampliar la plantilla al prestar más servicios. Yo estaba de acuerdo», apuntó.

Por tanto, a priori, no está en contra del planteamiento de la Junta, aunque ayer matizó que no conoce bien el proyecto. Por eso precisamente, ha señalado: «agradecería que la Junta nos informe, a la administración local, porque nos va a afectar en cuanto a la licencia de obras y la situación de los trabajadores. Nadie se ha puesto en contacto conmigo para informarme y yo creo que, por lealtad política, podrían venir a informarnos».

Respecto a los trabajadores del centro, lo que demanda a la consejería es que «se tenga en cuenta su situación actual y, ya que hay que cerrarlo hasta que se realicen las obras y a algunos los van a trasladar, que tengan la posibilidad de no modificar su vida, que se busque un equilibrio». A esto sumó la necesidad de contar con las medidas de seguridad que exige un centro de este tipo.

Lo que la Junta ha proyectado es un centro específico para el tratamiento de menores con problemas de conducta. Por ello, pasará por una «intervención arquitectónica integral, que permitirá redefinir y adaptar espacios» y por un proceso de reciclaje y formación para los trabajadores, según la Junta.

Así, prevé que el 30 de junio, los menores acogidos habrán retornado a sus hogares o habrán sido derivados a dos pisos tutelados y uno semiautónomo. En esa fecha también está previsto el inicio de las primeras acciones formativas de la plantilla. En este sentido, la consejería ha explicado que «se iniciará la reubicación de la mitad del personal mientras que la otra mitad pondrá en marcha uno de los módulos del centro para generar un recurso residencial para menores y jóvenes infractores», de forma que se ejecuten las medidas judiciales que demanden los juzgados de menores.