El ayuntamiento ha pasado a la acción y ha dispuesto vigilancia policial las 24 horas del día para frenar la ocupación masiva de las viviendas sociales en el polígono de La Data que han colocado al barrio al borde de la rebelión vecinal mientras la Junta, como propietaria de los pisos, se decidió ayer a denunciar por la vía penal los últimos casos con la intención de que los juicios rápidos resuelvan el desahucio con la agilidad que no ofrece la vía civil.

Hasta ocho viviendas fueron ocupadas ilegalmente el martes y una más ayer para desesperación de los vecinos, algunos de los cuales optaron por tapiar las casas vacías viendo cómo empezaban a forzar las puertas y a cambiar las cerraduras. Se da la paradoja de que la Junta, según explicó ayer la concejala de Barrios, Carmen Blázquez, "ha mandado a tres personas para acabar de tapiar esa y otras viviendas vacías". De hecho, ayer estaban tapiando con una placa de acero la última casa que fue ocupada por la mañana.

RUEGO A LA ASOCIACION GITANA La edil pidió expresamente en la cadena Ser a los presidentes de la asociación gitana local y de la federación regional que "vengan y paren esta situación" porque los autores de la gran mayoría de las ocupaciones son de etnia gitana, pero también apeló a estos a que desocupen los pisos y advirtió con contundencia que "el ayuntamiento no va a consentir más ocupaciones ilegales ni este nivel de inseguridad y de miedo en el barrio".

Después de años en los que la Junta y el ayuntamiento se han enzarzado en un cruce de acusaciones sobre sus competencias mientras se seguían ocupando viviendas por el procedimiento de la patada en la puerta, la concejal de Barrios --visiblemente preocupada-- compareció ayer públicamente para anunciar la vigilancia policial y admitir que "denunciarlo compete a la Junta como propietaria de los pisos que es, pero la seguridad de un barrio placentino y que los vecinos puedan vivir dignamente le corresponde al ayuntamiento y este ayuntamiento ha decidido tomar cartas en el asunto".

La Junta, por su parte, sigue guardando silencio y lo último que indicó el año pasado es que tiene nueve desahucios pendientes de ejecución aunque ya entonces cifró en cerca de sesenta las casas vacías u ocupadas ilegalmente. Visto el recrudecimiento de la situación, Blázquez señaló que se ha pedido colaboración a la policía nacional.