El Partido Popular de Extremadura recurrirá a la Justicia para averiguar el destino del dinero público invertido en la empresa de artes gráficas Monprint de Plasencia y para aclarar si ha existido delito de carácter societario.
Según informa la agencia Efe, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, aclara que, a pesar del "oscurantismo impuesto" por la Junta de Extremadura, su partido no cejará en su empeño de conocer cuál es la situación actual de la empresa, qué control ejerció el Gobierno regional del dinero público que en ella se invirtió a través de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (SOFIEX) y cuál ha sido su destino.
Por ello, anuncia que la próxima semana el PP solicitará toda esta información a través de la Justicia "para hacer frente al cerrojazo" dado en la Asamblea de Extremadura a este tema y para aclarar "si ha habido o no un delito societario". "Desconocemos en qué se utilizó el préstamo participativo de dos millones de euros aprobado por la Junta meses antes del cierre de la empresa".
Asimismo, hace hincapié en que es necesario que los extremeños conozcan quiénes fueron los que en nombre de Sofiex, que participaba en un 45 por ciento del proyecto, eran los encargados de velar por el buen uso del dinero público invertido en la planta de impresión placentina.
También pregunta "dónde están las buenas noticias que hace ahora cuatro meses auguraban" los responsables del Gobierno regional.
De igual forma, el líder del PP extremeño solicita que se realice una "pequeña inversión" para proceder al mantenimiento de las costosas máquinas de la empresa, al objeto de que, si surge un comprador, no haya que gastar más dinero para recuperar su funcionamiento.
La sociedad Monprint, constituida en junio de 2004, está formada por la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura (Sofiex), con un 45 por ciento, y el grupo financiero europeo Inversiones Ibéricas, con el 55 por ciento restante.
Su creación, con una inversión de 24 millones euros, supuso la puesta en marcha de una planta industrial de impresión gráfica en Plasencia, en una parcela de 30.000 metros cuadrados que fue cedida por el ayuntamiento.
El 31 de julio formuló ante el Juzgado Mercantil de Cáceres una solicitud previa de concurso de acreedores y el 18 de diciembre, tras un encierro de los trabajadores, echó el cierre.
