El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) ha vuelto a poner de relieve la cruda realidad por la que atraviesan los jóvenes en nuestro país. Las estadísticas nos dicen que el 38,2% de los jóvenes de 16 a 29 años se encuentran por debajo del umbral de la pobreza. En el siglo de la cibernética, donde ya quedan añejos conceptos como proletariado o lucha de clases, las largas situaciones de desempleo han provocado que surjan los nuevos marginados sociales de los que genéricamente se está comenzado a decir que constituyen el precariado.
La voz precario puede atribuirse a aquel que vive de la generosa concesión de otros. Hoy en día, el término sirve para referirse a todo el que por sus condiciones laborales nunca alcanzará el estatus de propietario: nunca será dueño de un trabajo estable, ni de una vivienda, ni jamás consolidará una pensión de jubilación. El condenado a que durante su vida laboral --que apenas podrá ejercerla o la ejercerá ominosamente-- tenga que vivir de las ayudas públicas de subsistencia, y que cuando alcance la edad de retiro, por no haber consolidado derechos, tenga que depender de una pensión no contributiva. Y todo ello, supeditado a que los más afortunados de la sociedad puedan continuar con el desarrollo económico.
Con estas premisas no se nos oculta que los Estados, de un lado, y la Unión Europea, de otro, deben tomar conciencia de la necesidad de fomentar iniciativas específicas para ayudar a los sujetos que aparecen como más débiles en este mercado laboral: jóvenes y personas de mayor edad. En lo que respecta a los primeros, se impone facilitar el acceso a las oportunidades de trabajo, junto con campañas de sensibilización para incrementar la demanda de empleo facilitando el contacto entre jóvenes y pymes. Solo con un crecimiento económico sostenido y sostenible que permita canalizar adecuadamente la transición de la escuela y la universidad al mundo laboral seremos capaces de superar el reto del desempleo juvenil que hoy angustia a la sociedad.
