Se supone que nuestro sistema penitenciario tiene como objetivo la reinserción social del preso en la sociedad pero, ¿sabemos realmente si se logra una vez puesto en libertad?
Responder esa pregunta depende del preso en cuestión. Están los que no necesitan del sistema para mejorar su situación, pues sus delitos son por malversación de fondos o apropiación indebida de más dinero del que ya disponían, básicamente, avaricia, quienes consiguen el tercer grado que les permite pasar el día fuera y sólo la noche en la cárcel, o, si es posible, evitan la cárcel tras el pago de fianzas desorbitadas. Y luego están los que pasan por una Junta de Tratamiento que evalúa de forma trasversal su capacidad para desempeñar un trabajo a cambio de un mínimo sueldo durante su estancia en la cárcel, si tienen la suerte de ser elegidos y poder cotizar a la Seguridad Social, a la vez que ocupan horas de condena y aprenden un oficio que podrá servirles fuera. Y si reciben buenos informes por su trabajo, obtener beneficios a la hora de conseguir permisos y reducciones de condena.
Es el modo de ayudar a estas personas desde su ingreso en prisión, facilitarles trabajo. En Cáceres ya existe una empresa de automoción que da esta oportunidad desde hace años y ahora también será posible gracias a una administración pública, en concreto en la ciudad de Plasencia.
Un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el propio consistorio placentino, cuya corporación en pleno ha aprobado, por unanimidad de todos los grupos, su firma para establecer esta relación de simbiosis entre ambas partes durante cuatro años. A tal fin oferta doce plazas de servicios múltiples, cuatro en la ciudad deportiva y veinte más en retenes de seguridad vial, cuyo cometido serán tareas de señalización, limpieza, pintura, desbroce, jardinería en unidades de policía, obras, ciudad deportiva y Protección Civil. Dicho convenio no tendrá coste para las arcas municipales y de paso formará a los presos para realizar las actividades que estarán controladas por una comisión de seguimiento.
Un ejemplo claro de cómo las administraciones públicas pueden contribuir a la reinserción de personas privadas de libertad, que algún día habrán cumplido su condena y de las cuales, el sistema espera no reincidan.
