La Asociación de Afectados por el Plan General Municipal (PGM), formada por propietarios de viviendas construidas de forma ilegal en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia ha solicitado al gobierno local que se retome "cuanto antes" el proceso de regularización de las mismas.
En declaraciones a Efe, el asesor técnico de la asociación, el arquitecto Juan Antonio Álvarez, ha lamentado que uno de los propietarios, Juan Ángel Bermejo, haya tenido que derribar su vivienda por sentencia judicial.
El Juzgado de la Penal de Plasencia, con fecha 30 de marzo de 2015, condenó a Bermejo a que procediera a la demolición de la obra consistente en una vivienda unifamiliar ubicada en la finca rústica denominada "Las Salinas", en la sierra de Santa Bárbara.
Dicha sentencia fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial el 18 de junio de 2015.
Incoada la correspondiente ejecutoria penal, se dictó un auto de fecha 1 de julio de 2019 que ha resuelto y concluido que la obra no resulta legalizable por lo que ha acordado su demolición, que se inició este martes.
En este sentido, Juan Antonio Álvarez ha apuntado que aunque ya se ha iniciado de forma oficial el proceso de petición de regulación de las vivienda ilegales de Santa Bárbara "en el caso de Juan Ángel Bermejo no hemos llegado a tiempo y ha tenido que derribar su vivienda".
Álvarez ha hecho un llamamiento al resto de vecinos de la sierra "para que entiendan que ahora es el momento de regularizar sus viviendas porque este caso se puede volver a repetir, ya que existen otras cuatro sentencias penales dictadas por los mismos hechos".
De igual forma, ha pedido a los responsables municipales "celeridad" a la hora de retomar el procesos de regularización.
El asesor técnico de la asociación ha recordado que ya han presentado en el registro del ayuntamiento la tramitación de la primera delimitación de un área de unas treinta hectáreas de la sierra, que ocupan las fincas Viña del Carmen, Viña del Castillo, calleja Marta y Salinas.
"Esta es la primera parte de la sierra con la que hemos empezado, porque es en ella donde residen los vecinos que están inmersos en procesos judiciales", ha explicado Juan Antonio Álvarez.
