El Comité Local del PSOE de Plasencia celebrará esta tarde una reunión extraordinaria en la que se abordarán las "consecuencias" del auto judicial que implica a seis concejales y ex ediles socialistas en el caso de supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento en la adjudicación de varias obras.
Se da la circunstancia, además, de que una de las personas implicadas en el proceso judicial, la ex alcaldesa placentina, Elia María Blanco, forma parte de la lista de candidatos que el PSOE local ha remitido a los órganos provinciales con motivo de las próximas elecciones generales.
Según han informado fuentes del partido, la reunión ha sido convocada tras hacerse público ayer que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Plasencia ha dictado un auto de apertura de procedimiento penal abreviado contra siete de los nueve imputados inicialmente en el caso de supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento de Plasencia en las dos legislaturas pasadas.
En el auto, de fecha 15 de septiembre, el juez exonera de "cualquier tipo de responsabilidad penal" tanto al interventor municipal, Roberto del Olmo, como al secretario, Antonio Jesús Santibáñez.
De igual forma, y en relación con el resto de imputados -la ex alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco; los concejales Francisco Barbancho y Mónica García; los ex concejales Enrique Tornero, Blas Raimundo y Pablo Antonio Sánchez (todos miembros del PSOE de Plasencia); y el constructor placentino José Antonio Romero- el juez considera que su actuación puede ser constitutiva de un delito y, por lo tanto, los mantiene en el proceso penal.
El auto emitido por el titular del Juzgado Número 4 pone fin al periodo de instrucción y, además, sirve para instar al Ministerio Fiscal y acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
En su escrito, el juez asegura que "es cierto y resulta indubitado" que en el ejecución de las totalidad de las obras enjuiciadas, con la excepción de las realizadas en el polígono margen derecha y las de la pista de La Data, "hubo una notoria y manifiesta sustracción de caudal público -de conformidad al informe pericial obrante en actuaciones- atendiendo o tomando de base los precios de la Junta de Extremadura que están por encima de los precios de mercado".
Asimismo, añade que a lo largo de la instrucción "ha resultado imposible de conformidad a la averiguación patrimonial y posterior registro de intereses, indagar el destino del importe sustraído, si bien resulta indubitado y suficientemente acreditado que en la ejecución de tales obras se distrajo una cantidad significativa del erario público".
En este sentido, el magistrado considera que Elia Blanco, Enrique Tornero, Blas Raimundo, Francisco Barbancho y José Antonio Romero podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude y exacciones ilegales, y trafico de influencias.
En el caso de Mónica García y Pablo Antonio Sánchez, el juez considera que con su conducta pudieron haber incurrido tanto en un delito de prevaricación como en un delito de tráfico de influencias.
