El confinamiento por el covid-19 paralizó un proceso del que están pendientes numerosos vecinos, los que residen en la sierra de Santa Bárbara de Plasencia y esperan conseguir la regularización de sus viviendas para terminar así con las multas y procesos judiciales. Ahora que ha comenzado la desescalada, se ha retomado por donde se dejó, es decir, por un trabajo de campo de evaluación de las condiciones ambientales de cada finca.

El asesor técnico contratado por los vecinos, Juan Antonio Álvarez, ha explicado que, una vez que el ayuntamiento dio el visto bueno al inicio de la tramitación del proceso de regularización, requirió la documentación ambiental para poder enviársela a la Junta, que será quien tendrá que dar el visto bueno.

Una vez lograda esta aprobación ambiental, se podrían tramitar ya los planes especiales de cada una de las áreas que se delimiten. Este segundo proceso lo haría ya el ayuntamiento directamente y supondría regularizar grupos de fincas como asentamientos rústicos irregulares.

Por lo tanto, lo que urge ahora es recabar toda la documentación ambiental para entregarla en el ayuntamiento y que este la reenvíe a su vez a la Junta. Para ello, «un ingeniero forestal está realizando el trabajo de campo, finca a finca» y Álvarez calcula que en el plazo aproximado de un mes tendrá terminado el trabajo. Según ha señalado el arquitecto, se presentarán «siete documentos ambientales, correspondientes a siete áreas, para tramitar después siete planes especiales».

Según los datos del mes de marzo, son unas 160 parcelas las que están incluidas actualmente en este proceso. No son todas las que hay en la sierra, ni tampoco todos los vecinos se han sumado, aunque sí la mayoría.

Antes del confinamiento, los vecinos aprobaron una medida para animar a los residentes no incluidos a sumarse, la colocación de carteles y banderas verdes en los que hacían ver que estaban participando en el proceso de regularización.

Según apunta Álvarez, la iniciativa ha tenido éxito porque «hay muchos vecinos de los que no están en el proceso que nos están preguntando qué tienen que hacer porque también quieren participar».

Así, la intención de la asociación que crearon muchos de los afectados es convocar una nueva reunión con esos vecinos que todavía no se han inscrito en el proceso para explicarles todos los requisitos, los pasos dados hasta ahora y lo que se ha conseguido hasta el momento. Álvarez cree que esta convocatoria podría materializarse antes de concluir el mes.

En todo caso, el proceso se retoma por donde se dejó y el arquitecto subraya que «la Junta lo ha facilitado porque en la nueva Ley del Suelo había un artículo que obligaba a los planes generales municipales a homologarse y ahora ha sacado un decreto que lo modifica y ya no es necesario homologarlo».

Vecinos y arquitecto esperan poder avanzar durante este año en la ansiada regularización.